El Senado, con un amplio respaldo opositor, logró revertir por primera vez en 22 años un veto presidencial, consagrando la Ley de Emergencia en Discapacidad, y avanzó con una reforma que restringe el uso de los decretos de necesidad y urgencia, la herramienta favorita del Ejecutivo.
El Gobierno nacional sufrió un contundente doble revés en la Cámara Alta. Lejos de los reflectores internacionales que acompañan la gira del Presidente por Los Ángeles y en medio del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el Senado no solo dejó sin efecto el primer veto de Javier Milei, sino que además dio media sanción a un proyecto que acota severamente su capacidad para legislar por decreto.
Con una abrumadora mayoría de 63 votos a favor y apenas 7 en contra, el hemiciclo insistió con la Ley de Emergencia en Discapacidad, desafiando abiertamente la decisión del Poder Ejecutivo. Esta victoria opositora, que requirió una coalición amplia que atravesó a casi todo el arco político, marca un hito: no ocurría desde la presidencia interina de Eduardo Duhalde que el Congreso nacional conseguía imponerse ante un veto presidencial. La norma, que declara la emergencia hasta diciembre de 2026 y garantiza la actualización de prestaciones, se promulgará de forma obligatoria a partir de este viernes, aunque desde la Casa Rosada ya se anticipa una estrategia para judicializarla.
El ambiente fuera del recinto contrastaba con la tensión interna. Cientos de personas, entre ellos padres y madres de personas con discapacidad, colmaron la explanada del Congreso con testimonios de angustia e incertidumbre, que tras horas de espera se transformaron en alivio y festejo colectivo al conocerse el resultado. “Karina Milei, te invito a que vivas un mes como una persona con discapacidad”, desafió la voz quebrada de una madre frente a los micrófonos, resumiendo el clamor popular que pareció sintonizar con los legisladores.
Dentro del Senado, el debate fue intenso y emotivo. El oficialismo optó por el silencio, con la excepción de dos apoyos externos: la cordobesa del PRO, Carmen Rivero, y Francisco Paoltroni, quienes defendieron la postura gubernamental. Rivero argumentó que el país “no necesita otra ley ni declarar emergencias, necesita gestión”, y acusó a la oposición de fraguar un plan de desestabilización. Sin embargo, sus argumentos se vieron opacados por el escándalo de la ANDIS, que permeó la discusión. La senadora Guadalupe Tagliaferri (PRO) lanzó una andanada contundente: “La plata sale del sobreprecio y la coima, así que no pregunten cosas que saben cómo se resuelven”, refiriéndose a las críticas oficiales sobre el financiamiento de la ley.
La derrota no terminó allí. En un segundo movimiento, la oposición cosechó 56 votos para aprobar la modificación de la ley que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), el instrumento predilecto de Milei para sortear la discusión parlamentaria. La iniciativa, que ahora deberá ser tratada en Diputados, establece límites concretos: impone un plazo máximo de 90 días para su tratamiento, determina que el rechazo de una sola cámara los anula, y prohíbe al Ejecutivo reeditarlos con contenido similar por un año. Además, impide expresamente los megadecretos «ómnibus» como el que dio inicio a la gestión.
Los fundamentos de la oposición apuntaron a frenar lo que consideran un abuso de poder. El senador Martín Lousteau afirmó que la norma vigente “da un poder excesivo al Presidente”, mientras que Anabel Fernández Sagasti sentenció que el gobierno de Milei “se arrogó facultades legislativas y una reforma constitucional de hecho”, sumiendo al país en un “tobogán de descenso institucional”.
Frente a este panorama, el oficialismo promete batallar en todos los frentes. Mientras su equipo jurídico busca la forma de judicializar la ley de discapacidad, deberá también prepararse para una pulseada en la Cámara Baja para intentar frenar la reforma que cercena su herramienta legislativa más poderosa. La presión, sin duda, acaba de intensificarse.
