En una respuesta oficial, el Ministerio de Capital Humano reconoció ante la Cámara de Diputados que el informe que citaban Javier Milei, Sandra Pettovello y Nicolás Posse para afirmar que la mitad de los comedores no existía «resulta ser inexistente». La confesión desnuda el fundamento de una decisión que dejó sin alimentos a miles de personas y generó una polémica por la retención de millones de kilos de comida.
En un giro que desmorona el relato oficial, el Ministerio de Capital Humano admitió de manera formal que la auditoría que supuestamente reveló que el 50% de los comedores comunitarios del país eran inexistentes nunca existió. La confesión llega en un documento oficial enviado a la diputada Natalia Zaracho (Frente de Todos) en respuesta a un pedido de acceso a la información pública que había sido judicializado.
La revelación oficial echa por tierra el principal argumento esgrimido por el presidente Javier Milei, su ministra Sandra Pettovello y el entonces jefe de Gabinete, Nicolás Posse, para justificar la drástica suspensión del envío de alimentos a miles de espacios comunitarios. Aquella medida, tomada a principios de 2024, generó una crisis alimentaria y estuvo acompañada por una campaña de estigmatización contra las organizaciones sociales, a las que se acusó de mantener “comedores fantasmas”.
El origen del mito se remonta al 15 de mayo del año pasado, cuando Posse, en su informe de gestión ante el Congreso, afirmó con contundencia: “Se hizo una auditoría”. Y agregó: “Casi el 50 por ciento de los comedores no existían, incluso, en muchos casos, presentaban direcciones donde nunca funcionó un comedor”. Esa declaración, reproducida masivamente por medios afines al Gobierno, se convirtió en el pilar de una narrativa que buscaba presentar el recorte como una medida de racionalización y no como un ajuste.
Ante la negativa del Ejecutivo a proporcionar las pruebas, la diputada Zaracho llevó el caso a la Justicia y obtuvo un fallo favorable que obligó al ministerio a responder. La cartera que comanda Pettovello finalmente se vio forzada a admitir la verdad. En su escrito, sostiene que la mención a una “auditoría” por parte de Posse fue una “interpretación gramatical” y que, en realidad, solo se realizaron “supervisiones y/o verificaciones territoriales” que “no se corresponden metodológica ni teleológicamente con los Informes de Auditoría” previstos por la ley.
El contenido de esas verificaciones, al que accedió este diario, muestra que el muestreo fue extremadamente limitado: de un registro de más de 35.000 comedores inscriptos, el gobierno de Milei apenas revisó 2.193 espacios, es decir, solo el 6% del total. Incluso si sus números fueran correctos, la supuesta “mitad” de comedores irregulares representaría apenas un 3% del registro completo, lejos de la cifra catastrófica que pregonaban.
Organizaciones sociales como La Poderosa ya habían denunciado en su momento que el método de verificación fue burocrático y no presencial. “No fueron a ver si estaban o no, sino que cruzaron los datos de los formularios solamente”, explicaron. Además, contextualizaron que muchos comederos que dejaron de funcionar lo hicieron precisamente por el corte abrupto de cualquier tipo de ayuda oficial, que ya no llegaba desde el momento en que asumió la nueva administración.
La confesión por escrito del Gobierno no solo expone una mentira que sirvió para justificar una política de ajuste, sino que también revela el procedimiento bajo el cual se decidió dejar sin alimentos a una parte significativa de la población más vulnerable, al tiempo que se almacenaban millones de kilos de comida que corrieron riesgo de perderse. La admisión de que la auditoría fue, en realidad, inexistente, deja al descubierto el andamiaje de una decisión cuyas consecuencias fueron muy reales para miles de argentinos.
