El Poder Ejecutivo nacional decidió restablecer el Ministerio del Interior, degradado a secretaría hace apenas unos meses, y colocó al frente a un hombre de absoluta confianza del núcleo duro presidencial.
En una movida política de alto impacto, la administración de Javier Milei anunció este miércoles la recreación del Ministerio del Interior, revirtiendo así su reciente degradación a una secretaría, una decisión tomada en junio pasado. La cartera, fundamental para el diálogo con las provincias y la articulación legislativa, quedará bajo la órbita de Lisandro Catalán, un abogado con una extensa y polifacética trayectoria en el ámbito público y político.
La designación no es casual. Llega inmediatamente después de una contundente derrota del oficialismo en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, un resultado interpretado como un llamado de atención que exigiría un replanteo táctico. La figura de Catalán resulta central en este nuevo esquema, dada su histórica y estrecha relación con el actual jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Su vínculo se remonta a décadas, forjado a través de sus familias y consolidado en el ámbito laboral durante la gestión de Daniel Scioli en el Banco Provincia.
El flamante ministro posee un perfil técnico y una dilatada experiencia en la administración pública que trasciende las grietas políticas. Egresado de la Universidad de Tucumán, su carrera incluye un paso por el Ministerio de Justicia de la Nación durante el gobierno de Mauricio Macri, donde fue director del Registro Nacional de Reincidencia, un cargo que logró mantener incluso durante la posterior administración del Frente de Todos.
Su acercamiento al espacio que hoy conduce la Argentina se materializó en 2023, cuando se sumó a los equipos técnicos de la campaña presidencial de Javier Milei. Tras el triunfo en las urnas, su ascenso fue meteórico: primero como subsecretario del Interior y, desde junio de este año, como vicejefe de Gabinete del Interior. Sin embargo, su influencia real siempre excedió los cargos formales. Junto a Francos, ha sido un operador silencioso pero indispensable en las complejas negociaciones con gobernadores y jefes de bloque parlamentario para impulsar las iniciativas emblemáticas del Gobierno, como la polémica Ley Bases.
Esta reorganización interna envía un mensaje claro: ante la adversidad, el Ejecutivo centraliza y potencia su capacidad de negociación, colocando a un operador de confianza en un puesto clave para tender puentes en un mapa político que se ha mostrado más hostil de lo previsto. La reactivación de este ministerio señala un posible giro hacia una estrategia de mayor diálogo, aunque sin abandonar los objetivos centrales de la gestión.
