En el marco de la firme política antiinmigrante de la administración Trump, un vuelo fletado repatrió a connacionales. Críticas al silencio del Gobierno nacional, alineado con Washington, y relatos desgarradores de familias separadas y trámites truncados.
En la oscuridad de la madrugada de este jueves, un avión Boeing 767-300 de matrícula extranjera tocó tierra en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, culminando un viaje forzado que trasladaba a diez ciudadanos argentinos deportados por el gobierno de los Estados Unidos. La aeronave, operada por la firma canadiense Omni Air International y fletada por las autoridades norteamericanas, se convirtió en el símbolo concreto de la ofensiva contra la inmigración que impulsa el presidente Donald Trump.
El vuelo, que realizó escalas técnicas en Bogotá y Belo Horizonte para dejar a deportados de otras nacionalidades, arribó poco después de las 3:00 AM. A pesar de los intentos por mantener el operativo en el más absoluto hermetismo –una estrategia que refleja la total sintonía del presidente Javier Milei con la agenda trumpista y su cautela para no afectar el vínculo con Washington–, la noticia se filtró. Un puñado de familiares y equipos de televisión lograron congregarse en el aeropuerto para ser testigos del amargo regreso.
Los testimonios de los repatriados pintan un cuadro de incertidumbre y desesperanza. Mario Luciano Robles, de 25 años, detenido hace un mes en Texas tras cruzar desde México, defendió su búsqueda de una vida mejor: “No somos criminales, no matamos ni violamos, solo vamos por el ‘sueño americano’”. Su realidad ahora es la de una familia fracturada, ya que su esposa e hijo permanecen en territorio mexicano.
El caso de Maximiliano García exhibe la complejidad y la dureza del sistema. Radicado en Estados Unidos desde 2001, contaba con documentación laboral en regla y una familia establecida. Su calvario comenzó el pasado 21 de agosto, cuando acudió a una oficina de inmigración en Florida para regularizar su situación, aprovechando que su hija, ciudadana estadounidense, había cumplido la mayoría de edad y podía patrocinarlo. En un giro cruel del destino, al finalizar el trámite fue arrestado bajo una orden de deportación de 2015 de la que asegura no haber sido nunca notificado.
“Es notable el odio en cuanto al racismo”, afirmó García con amargura, luego de ser liberado de un centro de detención en Miami solo para ser expulsado del país. Para la maquinaria migratoria estadounidense, subrayó, “somos criminales”. Su deportación lo arrancó de su esposa y sus dos hijos, quienes permanecen en Florida. “Están partiendo familias a la mitad”, se lamentó, resumiendo el drama humano que se esconde detrás de las frías políticas de deportación.
El silencio oficial por parte de la Casa Rosada, que se abstuvo de cualquier reclamo formal o crítica ante el tratamiento dispensado a sus ciudadanos, resonó con fuerza y fue interpretado como el precio político de una alianza estratégica que el Gobierno nacional no está dispuesto a cuestionar, aún a costa del bienestar de sus propios connacionales.
