La renuncia en tiempo récord del nuevo director de Seguridad Vial, forzada por una feroz interna entre ministros, exhibe la profunda grieta en el oficialismo y deja al descubierto las contradicciones sobre el futuro de un organismo que se había anunciado su cierre.
El fragor interno que sacude al gobierno nacional, exacerbado por el revés electoral en la provincia de Buenos Aires, estalló de manera insólita con la renuncia fulminante de Nicolás Dapena Fernández, quien duró menos de un día en el cargo de titular de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Su designación, oficializada en el Boletín Oficial con las rúbricas del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, fue revertida en cuestión de horas tras una agria disputa con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
El epicentro del conflicto radica en el pasado político del designado. Bullrich, también candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires, alertó de inmediato que Dapena Fernández había ocupado un cargo de relevancia durante la gestión kirchnerista, ejerciendo como Subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico entre 2014 y 2015. Para los sectores más alineados con la ministra, dentro de las filas libertarias, el nombramiento de un exfuncionario del gobierno anterior resultaba sencillamente inaceptable, desatando una cruzada pública en redes sociales que obligó a una retirada inmediata.
La dimisión se materializó a través de una publicación en la red profesional LinkedIn, donde Dapena Fernández, en inglés, alegó una “incompatibilidad con su consultoría externa” para rechazar el puesto. La velocidad de los acontecimientos dejó en evidencia la falta de coordinación y los fuertes roces dentro del gabinete, particularmente entre Bullrich, Caputo y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
El caso destapa una contradicción mayor del Ejecutivo. El propio portavoz presidencial, Manuel Adorni, había anunciado con polémica el pasado 7 de julio el cierre definitivo de esta agencia, argumentando que sus funciones serían absorbidas por la Gendarmería Nacional. Sin embargo, no solo el organismo no fue desmantelado, sino que se convirtió en el botín de una puja de poder interna, demostrando que su destino final dista mucho de estar resuelto.
Con una extensa trayectoria en derecho y asesoría internacional para organismos como la ONU y la OEA, especializado en seguridad y análisis de conflictos, el perfil de Dapena Fernández quedó opacado por su breve paso por la administración anterior. El episodio, más allá de lo anecdótico, revela la profundidad de la crisis que atraviesa el gobierno, donde las derrotas electorales actúan como detonante de tensiones latentes y donde la coherencia de las decisiones públicas se ve amenazada por las batallas internas.
