La Secretaría de Trabajo, bajo la órbita de Julio Cordero, suspendió sin aviso la emisión de certificados de autoridades gremiales y el envío de veedores a elecciones. Expertos advierten que la medida desreguladora, alentada desde el Ministerio de Federico Sturzenegger, busca fomentar la anarquía interna para allanar el camino a eventuales intervenciones oficiales.
El Gobierno nacional ha decidido abdicar de una de sus funciones históricas esenciales: garantizar la transparencia y legalidad de los procesos electorales al interior de los sindicatos. Desde hace aproximadamente sesenta días, la Secretaría de Trabajo que conduce Julio Cordero ha interrumpido de facto la expedición de certificados que acreditan a las autoridades electas en las organizaciones gremiales, sumiendo a la actividad sindical en un estado de incertidumbre y desprotección jurídica.
Esta decisión, que para los analistas del sector equivale a una peligrosa desregulación del mundo laboral organizado, se vio acompañada por el cese del envío de veedores oficiales a las asambleas de votación y a las presentaciones de memorias y balances. La maniobra coincide con el desplazamiento de Claudio Aquino, último director nacional de Asociaciones Sindicales, y la posterior resolución de no designar un reemplazo, dejando la área en un virtual estado de acefalía.
La certificación estatal es el documento crucial que valida la legitimidad de un comicio y, por consiguiente, de los dirigentes que asumen. Su falta no solo entorpece operaciones cotidianas indispensables, como la realización de trámites bancarios o la adquisición de bienes institucionales, sino que, fundamentalmente, siembra la duda sobre la legitimidad de los liderazgos, alentando disputas internas y judicializaciones.
La estrategia oficial se completó con la publicación en el Boletín Oficial, en el mes de mayo, del decreto 342/2024. Esta normativa, que derogó varias instancias administrativas previas, simplifica de manera drástica el camino para que el Poder Ejecutivo intervenga un sindicato bajo la figura de acefalía. En una primera lectura, el gobierno de Javier Milei enmarca la medida como un paso hacia la reducción de la injerencia estatal en los gremios. No obstante, desde la cúpula de la CGT y entre especialistas en derecho laboral crece la convicción de que se trata de una jugada calculada para crear el caos controlado necesario que justifique posteriormente una avanzada oficial.
El escenario que se configura es propicio para un gobierno que ya ha intervenido una veintena de obras sociales sindicales. Al desmantelar los mecanismos de control y fomentar la confrontación interna, se crean las condiciones para que, ante un conflicto irresoluble, el Estado designe a un interventor con facultades excepcionales. La nueva norma le otorga a este funcionario un período de hasta 240 días hábiles –cerca de un año calendario– para “normalizar” la situación y convocar a elecciones, un lapso más que suficiente para reconfigurar a su arbitrio la estructura interna del gremio, una práctica ya observada en gestiones anteriores.
La medida encontró a la central obrera distraída, enfocada en combatir otro decreto publicado el mismo día (el 340/2024), que restringe el derecho a huelga, y que fue suspendido por la justicia. Mientras tanto, el decreto 342 permanece en plena vigencia. Ante el vacío de control, varios sindicatos han comenzado a recurrir a escribanos públicos en un intento de suplir la ausencia del sello estatal y blindarse de futuros cuestionamientos judiciales. Sin embargo, la sombra de la intervención gubernamental planea ahora como una amenaza tangible sobre el movimiento obrero organizado.
