La justicia federal sentenció al falso abogado a 13 años y medio de prisión por liderar una asociación ilícita dedicada al espionaje y la extorsión. Los fundamentos de la condena, de más de mil páginas, destacan su relación con la ministra Patricia Bullrich y detallan cómo operaba con complicidad en el ámbito judicial, fiscal, policial y periodístico.
Marcelo Sebastián D’Alessio, el hombre que se hizo pasar por abogado, fue identificado por el Tribunal Oral Federal 8 como el eje central de una organización criminal que, durante más de dos años, tejió una red de espionaje, extorsión e intromisión en causas judiciales. La sentencia que lo condena a una pena de trece años y medio de prisión no solo describe sus delitos, sino que proyecta una inquietante sombra sobre los vínculos que le permitieron operar con impunidad, señalando específicamente a la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Los magistrados Sabrina Namer, Gabriela López Iñíguez y Nicolás Taselli concluyeron que la banda, activa entre julio de 2016 y febrero de 2019, se dedicó metódicamente a recolectar y almacenar información sensible de la vida privada de numerosas personas. Para ello, accedió ilícitamente a bases de datos reservadas, aprovechando una extensa red de contactos dentro del Poder Judicial, del Ministerio Público Fiscal y de las fuerzas de seguridad. El objetivo final era siempre el mismo: amedrentar a las víctimas para extorsionarlas económicamente, con la amenaza de involucrarlas en expedientes judiciales o de difamarles a través de sus conexiones con medios de comunicación.
Uno de los aspectos más reveladores del extenso fallo, que supera las mil carillas, radica en el examen de la relación entre D’Alessio y Bullrich. El tribunal acreditó, a través de información proporcionada por la empresa de telefonía, que el falso abogado mantenía comunicación directa con la entonces ministra. Los jueces destacaron el intercambio de mensajes donde D’Alessio le enviaba material de “investigaciones criminales” que realizaba por su cuenta, como filmaciones aéreas relacionadas con una banda narco. La cartera que Bullrich dirigía no solo no detuvo estas actividades irregulares de un ciudadano sin autoridad alguna, sino que, según se desprende del fallo, le brindó espacio de legitimación.
La sentencia da por probado que D’Alessio se reunió con Bullrich en el Ministerio de Seguridad en agosto de 2017 para tratar temas de narcotráfico, y que explotaba constantemente este acceso privilegiado al Estado para otorgarse credibilidad ante sus víctimas. Testimonios en la causa confirmaron que el condenado se jactaba abiertamente de su cercanía con la alta funcionaria.
El origen de la investigación se remonta a la denuncia del empresario Pedro Etchebest a fines de enero de 2019, quien reveló que era extorsionado por D’Alessio y el fiscal Carlos Stornelli. El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, tomó la causa y construyó, según el TOF 8, una “hipótesis acusatoria sólida y demostrada de manera irrefutable”. El tribunal desestimó por completo la defensa de D’Alessio, que alegaba una “causa armada”.
El fallo también deja al descubierto los intentos de encapsular el escándalo desde las altas esferas del gobierno de Mauricio Macri. Interceptaciones telefónicas revelan que D’Alessio conocía de antemano los movimientos del fiscal Stornelli para que su detención se realizara en Comodoro Py y no en Dolores, lo que sugiere una maniobra para eludir la rigurosidad de Ramos Padilla. En unos audios, el propio D’Alessio relata, desde la calle Posadas, que esperaba a un abogado frente a una residencia con custodia reforzada, que presumía pertenecía a Bullrich.
Los jueces finalizan su fundamentación con una reflexión contundente: el caso pone en tela de juicio aspectos fundamentales de la vida democrática, arrojando sombras sobre la administración de justicia, el uso de la información pública y el ejercicio del periodismo. La condena a D’Alessio cierra un capítulo judicial, pero abre un intenso debate sobre la impunidad con la que operan las redes de poder en Argentina.
