La medida, oficializada en el proyecto de Presupuesto 2026, elimina la actualización automática de la asignación por hijo y las asignaciones familiares, sometiendo su monto a la discrecionalidad del Ministerio de Capital Humano. Organizaciones sociales y expertos advierten sobre una profunda pérdida de poder adquisitivo y el desmantelamiento de un derecho conquistado.
En una decisión que marca un punto de inflexión en la política social, el gobierno de Javier Milei se apresta a eliminar el mecanismo de actualización automática de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que hasta ahora se encontraba indexada a la movilidad jubilatoria, la cual a su vez se ajusta según la inflación. Esta misma modificación se aplicaría a las asignaciones familiares que perciben los hijos de los trabajadores registrados y monotributistas.
Aunque la Casa Rosada se ha abstenido de ofrecer explicaciones públicas, el trasfondo de la iniciativa no es difícil de discernir: constituye uno de los compromisos que la cartera económica de Luis Caputo suscribió con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para lograr la aprobación de la primera revisión del acuerdo vigente.
La propuesta ya fue formalmente incorporada por el oficialismo en el articulado de la Ley de Presupuesto 2026, remitida recientemente al Congreso de la Nación. De materializarse, implicará que el valor de la AUH, en lugar de incrementarse de forma automática todos los meses de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC), quedará supeditado a lo que el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, estime conveniente en cada oportunidad. Expertos en políticas sociales califican esta medida como un enorme retroceso en la protección de los derechos de la niñez, afectando con particular crudeza a los sectores social y económicamente más vulnerables, pero también impactando en las familias de clase media que dependen de estos ingresos.
El diputado y exministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, alertó que al desacoplar la AUH de las jubilaciones, “el gobierno avanza hacia un esquema de ajuste, de recorte y de pérdida de ingresos”. En declaraciones a este diario, Arroyo explicó que “la movilidad jubilatoria es un mecanismo asociado a la inflación; está claro que si se desengancha de ese índice, la AUH va a perder poder adquisitivo de manera irreversible”. Además, subrayó que “esto significa fracturar el concepto de derecho, porque la asignación universal por hijo hoy forma parte integral del sistema de seguridad social. Al desvincularla, con el tiempo se convertirá en una mera ayuda o bono discrecional para familias pobres, algo muy distinto y de menor entidad que lo que representa hoy”.
La intención de eliminar este mecanismo fue detectada y denunciada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la cual también señaló que el gasto en servicios sociales previsto para 2026 es un 15,9% inferior al ejecutado en 2023. Este contexto revela la magnitud de la crisis que atraviesa la administración de Milei, que habría aceptado la exigencia del FMI a cambio de asegurar un nuevo desembolso de créditos que le permita sostener la estabilidad cambiaria de cara a los comicios legislativos de octubre próximo.
Paradójicamente, la AUH y la Tarjeta Alimentar fueron las piedras angulares de la asistencia social durante el primer año y medio del gobierno libertario, que incluso incrementó sus montos de manera significativa mientras desmantelaba otros programas como Potenciar Trabajo, la urbanización de barrios y la red de comedores comunitarios. Sin estas transferencias, según estimaciones del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, la indigencia hubiera escalado hasta afectar a un cuarto de la población.
En las organizaciones sociales, la noticia fue recibida con profunda consternación. Norma Morales, referente de Barrios de Pie, expresó su preocupación: “El 2024 fue un año devastador para las familias que cobran la AUH. La inflación devoró cada peso, mientras los precios de la canasta básica se disparaban”. Y añadió: “Nuestras niñeces hace meses que no acceden a alimentos básicos. Son ellos quienes se van a dormir con el estómago vacío. La AUH no es una dádiva, es un derecho conquistado”.
Ante este escenario, las organizaciones anunciaron que elevarán un pedido formal al Congreso para que garantice, por ley, la actualización automática de la AUH como una política de Estado intocable, y no descartan acudir a la vía judicial para blindar un derecho que consideran fundamental para la protección de la infancia.
