Desde la Casa Rosada prevén que el Congreso conseguirá los votos para remover al Jefe de Gabinete por incumplir la Ley de Emergencia en Discapacidad. Mientras la oposición avanza con la moción, el oficialismo ya diseña la estrategia para que Guillermo Francos regrese al cargo apenas sea destituido.
El Gobierno nacional anticipa que el Congreso logrará aprobar la moción de censura contra el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y ya despliega estrategias para volver a designarlo en el cargo apenas sea removido. La certeza de que la oposición reunirá los apoyos necesarios para su destitución gana fuerza en los pasillos de Balcarce 50, donde se atribuye el éxito de la iniciativa al incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
La medida de fuerza fue impulsada por diputados de Unión por la Patria, quienes acusan al funcionario de incurrir en incumplimiento de los deberes propios de su rango. La base del reclamo reside en la no aplicación de una norma que fue sancionada por el Legislativo, vetada posteriormente por el presidente Javier Milei, y luego ratificada con fuerza de ley por ambas cámaras parlamentarias. El mecanismo de censura, incorporado en la reforma constitucional de 1994, se erige así en una herramienta operativa de control del Congreso sobre el Ejecutivo, cuya consecuencia directa es la remoción del funcionario cuestionado.
Según admitieron voceros oficialistas en diálogo con este medio, existe una convicción interna de que la moción prosperará, dado el amplio respaldo opositor. Sin embargo, lejos de alarmarse, el entorno de Francos proyecta una imagen de total tranquilidad. Fuentes cercanas al jefe de ministros aseguraron que éste se encuentra sereno y considera que su cartera actuó correctamente, ajustándose estrictamente a la reglamentación vigente. Este criterio cuenta, además, con el pleno respaldo del presidente Milei y de todo el Gabinete ministerial.
Desde la Rosada argumentaron que la posición de Francos prioriza el cuidado del equilibrio fiscal. “La firma del decreto correspondiente fue una decisión de gobierno, no una elección personal de él. Aquí subyace una diferencia de opinión legítima entre los poderes Ejecutivo y Legislativo”, explicaron fuentes oficiales. El eje de la defensa radica en el estricto cumplimiento de las leyes de administración financiera, que exigen que toda norma que autorice gastos no presupuestados debe especificar el origen de los fondos para su financiamiento, so pena de quedar suspendida su ejecución.
Frente a este escenario, la estrategia del oficialismo ya está en marcha. La misma moción de censura permite al Presidente de la Nación volver a nombrar al funcionario removido. Ese parece ser el camino que tomará Milei en caso de que el Congreso efectivamente destituya a Francos. Una fuente gubernamental lo confirmó sin ambages: “No existe impedimento legal alguno para que pueda reassumir. Si el Presidente se lo solicita y él acepta, Guillermo volverá a ser nombrado inmediatamente”.
Esta mañana, el propio Francos se refirió al conflicto en declaraciones a medios radiales, manifestando su desacuerdo con la maniobra de los legisladores opositores. Reafirmó su postura al exigir el estricto apego a los artículos de la Ley de Administración Financiera y su normativa complementaria, que, según su interpretación, justifican la suspensión de la ejecución de la ley de discapacidad por carecer de la correspondiente partida presupuestaria.
El desenlace de este pulso entre los poderes del Estado no solo definirá la continuidad inmediata de un ministro clave, sino que marcará un precedente crucial sobre los límites y las herramientas de control en la dinámica política actual.
