Una investigación judicial revela la intrincada conexión entre el crimen de las tres jóvenes, una banda narco con vínculos internacionales y una alarmante red de complicidades policiales y políticas que opera en las sombras.
En un giro trascendental para la pesquisa del triple crimen de Brenda, Morena y Lara, las autoridades allanaron durante la noche del viernes la residencia de una mujer vinculada a Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño Jota”. En el procedimiento se incautó un arsenal clave para la causa: una pistola Glock calibre 40 de su propiedad, un nuevo pasaporte del narcotraficante, comprobantes de transferencias a Perú por sumas que alcanzan los cientos de miles de dólares y un sofisticado sistema de recaudación montado a través de Mercado Pago.
La principal conjetura de los investigadores señala que Valverde se encuentra prófugo, con alta probabilidad de haberse refugiado en una estructura que mantiene en la provincia de Jujuy, o en franca huida hacia su Perú natal. Sin embargo, la trama desborda la figura de este individuo. La organización que domina el menudeo de cocaína en el sur de la Ciudad de Buenos Aires habría sido manejada históricamente por sujetos asociados a Sendero Luminoso –el hermano del conocido narco Marcos Estrada era un dirigente de esa organización– y también por efectivos militares que, en teoría, debían combatirlos.
Se especula que Valverde es sobrino de Estrada y primo de quien heredó el poder y era apodado “Dumbo”. Este joven de 23 años aparentemente ambicionaba –o ambicionó– adueñarse de lo que él mismo denominaba “lo que era de nuestra familia”. Toda esta siniestra estructura en el sur de la capital fue sistemáticamente encubierta por efectivos de la Policía Federal y de la Ciudad, quienes se habrían encargado de silenciar crímenes de una brutalidad similar al sufrido por las tres jóvenes. Los cuerpos de las víctimas, en ocasiones descuartizados, eran distribuidos estratégicamente en distintos hospitales para evitar que la magnitud del horror generara un “ruido” excesivo, simulando así que se trataba de hechos aislados.
Paralelamente, declaró ante el fiscal Adrián Arribas el conductor de una aplicación de transporte, quien relató que trasladó a dos individuos con evidentes rastros de barro desde la vivienda de Florencio Varela, escenario de la masacre, hasta una casa cercana. Al rastrear a estos sujetos, los investigadores hallaron la pala utilizada para cavar la fosa donde fueron enterrados los cuerpos. Este dato es crucial, ya que confirma que el crimen fue premeditado, dado que las víctimas arribaron a la vivienda pasada la medianoche.
Miguel Ángel Villanueva Silva, detenido junto a su pareja en un hotel alojamiento, admitió ser el autor de la grabación que documentó el horrendo asesinato, transmisión que fue presenciada –según su testimonio– por alrededor de 45 integrantes de la banda. La hipótesis central del fiscal Arribas y de la Policía Bonaerense se sostiene en estos elementos: una de las jóvenes habría retenido dinero o drogas –en la grabación no se especifica qué fue lo sustraído–, desatando una venganza meticulosamente planificada. La camioneta utilizada para recoger a Brenda, Morena y Lara era robada, con el fin de evitar su identificación, y la fosa fue preparada con antelación.
Frente a la gravedad de los hechos, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, intentó reposicionarse anunciando la detención en Villazón, Bolivia, de Lázaro Víctor Sotacuro, a quien el comunicado oficial señala como el conductor de la camioneta. No obstante, este individuo no figuraba en la causa ni era buscado activamente, un dato que no ha pasado desapercibido para la investigación.
Quienes profundizan en el caso descartan que “Pequeño Jota” o su lugarteniente, Matías Agustín Ozorio, conformaran una organización de gran envergadura. Por el contrario, se trataría de un grupo marginal que disputa el menudeo en la zona. Su notoriedad es reciente, basada en secuestros a hijos de otros narcos y en la apropiación de propiedades, en una búsqueda violenta por reclamar una “herencia” delictiva.
La fiscal Mónica Cuñarro fue pionera en investigar a estos clanes, descubriendo la macabra metodología policial de distribuir los restos de personas torturadas, quemadas o descuartizadas en distintos centros de salud para ocultar la existencia de bandas narcos violentas. Según Cuñarro, estas tácticas fueron importadas tras el declive de Sendero Luminoso, reflejando modelos de violencia extrema como los observados en Brasil o México.
Este triple femicidio no es un hecho aislado, sino la expresión más cruda de una catástrofe social subyacente. En barrios como el 1-11-14 y Zavaleta, la retirada del Estado ha dejado un vacío que el narcopoder se apresura a llenar, ejerciendo control a través de comedores y préstamos, y explotando la vulnerabilidad de una juventud sumida en la crisis económica. El drama de Brenda, Morena y Lara es el último eslabón de una cadena de miseria, complicidad y violencia que parece no tener fin.
