El préstamo millonario otorgado por Washington le permite a la administración de Milei ganar un respiro en medio de la crisis, aunque con la exigencia de construir acuerdos y modificar su estrategia de gestión para impulsar las reformas estructurales.
La reciente inyección de fondos comprometida por el Tesoro de los Estados Unidos, por un monto de veinte mil millones de dólares, le ha proporcionado al Ejecutivo un valioso respiro. En los círculos presidenciales se reconoce que, hasta hace pocos días, el escenario aparecía desprovisto de herramientas concretas, pero ahora se cuenta con un elemento que permite alimentar expectativas. El acuerdo, no obstante, es visto como un paliativo que no resuelve los problemas de fondo, aunque sin duda otorga una sobrevida crucial en un contexto electoral.
Fuentes oficialistas destacan que, durante el tiempo que resta de gestión, la administración tiene el imperativo de trabajar en la construcción de gobernabilidad y en optimizar el diseño de su gestión. El objetivo final es sentar las bases para llevar adelante, a partir de 2026, las reformas estructurales que constituyen el núcleo de su proyecto. Este compromiso forma parte de las condiciones establecidas por Washington a cambio del apoyo financiero.
El eje de esta necesaria construcción de consensos pasa, fundamentalmente, por recomponer los lazos con los gobernadores de las provincias. La reciente derrota electoral en Buenos Aires motivó el anuncio de la conformación de una mesa federal y la decisión de restituir al Ministerio del Interior la categoría que le había sido quitada al inicio de la gestión. La necesidad de apoyo legislativo trasciende el resultado de los comicios de octubre, dado que el oficialista proyecta impulsar en el Congreso modificaciones profundas en materia laboral, previsional, tributaria y de privatizaciones.
El vínculo entre la Casa Rosada y los mandatarios provinciales se ha ido erosionando de manera progresiva. El inicio del gobierno se caracterizó por la interrupción de transferencias de fondos nacionales y por un discurso confrontativo hacia los gobernadores. Este distanciamiento se acentuó durante las negociaciones electorales de este año. La estrategia de La Libertad Avanza, impulsada por Karina Milei, de intervenir en políticas locales con armados propios, generó roces incluso en territorios considerados aliados, como el caso de Gustavo Valdés en Corrientes.
Desde el oficialismo se es consciente de que el nuevo endeudamiento contraído con los Estados Unidos, si bien evita una debacle inmediata, no soluciona la totalidad de los desafíos. La administración de Donald Trump ha impuesto condicionamientos políticos, entre los que se cuenta la exigencia de demostrar una capacidad efectiva para formar coaliciones estables. La experiencia previa con el expresidente Mauricio Macri, quien recibió un cuantioso préstamo del FMI en 2018 y no logró concretar las reformas prometidas, opera como un antecedente que influye en el actual escrutinio.
Según se expresa en Balcarce 50, los inversores externos manifiestan interés, pero requieren ver garantías de que existen las condiciones para consolidar el proceso de ajuste. Entre esas condiciones se menciona una reforma laboral integral que modifique los derechos de los trabajadores y flexibilice los mecanismos de contratación. Si bien se avanzó con algunas medidas en la Ley Bases, se trabaja en una propuesta más ambiciosa desde el denominado «Consejo de Mayo», liderado por Guillermo Francos. El propio jefe de Gabinete transmitió a legisladores estadounidenses la necesidad de un triunfo en las elecciones para impulsar dichas iniciativas.
En el entorno de Milei se analiza que, incluso en el mejor de los escenarios electorales, no se alcanzarán las mayorías legislativas necesarias para aprobar las reformas de manera autónoma. Se admite, por lo tanto, la necesidad ineludible de generar consensos. “En este tercer año de mandato necesitamos votos, no sostener los vetos”, es la conclusión que circula en el círculo íntimo del Presidente. El desafío ya no será solo bloquear iniciativas opositoras, sino lograr la sanción de leyes propias que enfrentarán una fuerte resistencia social y política.
La reflexión interna señala que este año se desaprovechó la oportunidad de construir acuerdos debido a los conflictos con los gobernadores. Se considera que, más allá del resultado de octubre, las mayorías serán circunstanciales y la necesidad de diálogo, permanente. “No hay que cambiar el rumbo económico, sino político. Hay que empezar a elegir con quién pelearse”, sintetizan las fuentes.
Respecto al diseño de gobierno, se anticipa un inevitable recambio ministerial tras los comicios. Áreas clave como Defensa y Seguridad quedarán vacantes cuando sus titulares asuman sus bancas legislativas, y se suma la salida del vocero presidencial Manuel Adorni. Aunque se ha especulado con su posible ascenso a la jefatura de Gabinete, hay dudas sobre su perfil para las tareas de negociación y construcción de acuerdos, habilidades que Francos ha intentado desplegar.
El problema de fondo que afecta tanto al jefe de Gabinete como al ministro del Interior, Lisandro Catalán, es una constante desde el inicio: son enviados a negociar, pero carecen de poder de decisión real. Dentro de La Libertad Avanza, son varios los que perciben un marcado desorden y problemas en el diseño del poder. La posición de Karina Milei, superior a la de un jefe de Gabinete, no se refleja con claridad en el organigrama, al igual que la influencia del asesor Santiago Caputo, figura clave que ni siquiera ocupa un cargo formal. Esta ambigüedad genera que, ante cada crisis, la respuesta desde la Casa Rosada sea a menudo tardía y poco eficaz.
