Un estudio de la UCA revela que el 53,6% de los menores de 18 años atraviesa carencias económicas, mientras que el 10,7% se encuentra en estado de indigencia. Pese a una mejora coyuntural en los dos últimos años, los investigadores advierten que no debe confundirse un respiro pasajero con la resolución de un problema crónico. La inseguridad alimentaria afecta a casi tres de cada diez chicos, y la asistencia estatal alcanza cifras récord, aunque con exclusiones preocupantes.
En un contexto de creciente fragilidad social, el 53,6 por ciento de los niños y adolescentes argentinos se encontraba en situación de pobreza durante 2025, mientras que el 10,7 por ciento de ese mismo grupo etario cayó en la indigencia, de acuerdo con los últimos datos difundidos por la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA), que depende de la Universidad Católica Argentina (UCA). Si bien los especialistas reconocen una disminución en los últimos dos ejercicios en comparación con los picos de crisis previos, remarcan que las privaciones y las profundas desigualdades que atraviesan las infancias no han desaparecido; por el contrario, se han consolidado como un rasgo estructural, al mismo tiempo que creció de manera sostenida la necesidad de recibir asistencia estatal para cubrir necesidades básicas.
Desde la casa de estudios subrayaron que el dato correspondiente al año pasado “trae alivio, pero no debemos confundir una mejora circunstancial con la solución de un problema estructural”. La serie histórica elaborada por la UCA exhibe una tendencia ascendente en el largo plazo, con picos pronunciados en cada momento de recesión o emergencia y descensos apenas perceptibles durante los breves ciclos de recuperación económica. El resultado neto de estas fluctuaciones es un aumento persistente de la pobreza infantil a lo largo de los últimos quince años.
En 2010, la pobreza afectaba al 45,2 por ciento de los menores de 18 años. Durante el bienio 2011-2012, ese indicador se redujo transitoriamente hasta el 35,7 y 38,4 por ciento respectivamente, pero a partir de entonces comenzó un prolongado deterioro casi ininterrumpido. Los momentos más críticos se registraron en 2020 y 2021, cuando el índice rondó el 64 o 65 por ciento, y alcanzó un máximo histórico en 2023, con el 62,9 por ciento. Los avances observados en 2024 y 2025 resultan significativos en términos coyunturales, aunque el nivel actual continúa siendo muy superior al de 2010 y, por supuesto, al de los mejores años de la década pasada, advirtió el informe académico.
En lo que respecta a la indigencia, la trayectoria muestra una dinámica similar pero con oscilaciones aún más bruscas. El indicador partió del 11,4 por ciento en 2010, descendió al 8 por ciento entre 2011 y 2012, y luego registró un incremento sostenido que lo llevó a su valor más extremo de toda la serie en 2024: 17,7 por ciento. Durante 2025, en cambio, ese guarismo cayó al 10,7 por ciento, una reducción relevante que lo aproxima a los registros de 2017 y 2018. Sin embargo, los investigadores insistieron en que esta mejoría no debe interpretarse como una reversión definitiva de la tendencia de fondo.
Uno de los aspectos más alarmantes del relevamiento es el vinculado a la inseguridad alimentaria. El 28,8 por ciento de los niños y adolescentes experimentó dificultades para acceder a una nutrición adecuada durante 2025, y dentro de ese universo, el 13,2 por ciento sufrió la forma más severa de esta carencia, es decir, hambre manifiesta o reducción en la cantidad de alimentos consumidos. Si bien estos valores implican un progreso respecto de 2024, todavía no logran retornar a los niveles previos a 2017. El informe precisa que esta problemática se concentra principalmente en los hogares de menores ingresos, con mayor incidencia en los estratos socioeconómicos bajos y en el Conurbano Bonaerense, donde las redes de contención se ven desbordadas con frecuencia.
En ese escenario, la asistencia alimentaria trepó hasta el 64,8 por ciento, una marca récord en la medición de la UCA. En perspectiva, los analistas observan que a partir de 2020 se produjo un fuerte salto en este tipo de ayuda, impulsado no solo por la ampliación del acceso y la cobertura de comedores escolares y comunitarios, sino también por la incorporación de la Tarjeta Alimentar en ese mismo año. Por otra parte, el reporte detalla que la cobertura de transferencias monetarias, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) , alcanzó al 42,5 por ciento de los niños, lo que representa una merma de 3,3 puntos porcentuales en relación con 2024. La UCA precisó que estas y otras transferencias no contributivas llegan mayoritariamente a quienes más lo necesitan, aunque no a la totalidad; al mismo tiempo, dejan fuera a sectores que, pese a hallarse en situación de pobreza, quedan excluidos del sistema por diversos requisitos administrativos o laborales.
La investigadora del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA), Inanina Tuñón, planteó una reflexión central: “Estas políticas no fueron diseñadas para cubrir por completo los ingresos de los hogares, sino para equiparar el salario familiar de un trabajador formal con el de uno informal. Por eso, es clave mejorar las condiciones laborales de los adultos”. De este modo, la especialista puso el acento en que la asistencia estatal, si bien imprescindible en el corto plazo, no reemplaza la necesidad de empleos de calidad y remuneraciones dignas para los responsables de crianza.
La casa de estudios también presentó otros indicadores que reflejan la crisis multidimensional que atraviesan los chicos de entre 0 y 17 años. Entre ellos, se destaca que el 19,8 por ciento dejó de asistir al médico, al odontólogo o a ambos profesionales por problemas económicos durante 2025. El informe remarcó que “la atención odontológica es la más postergada, lo que evidencia una deuda histórica de las políticas sanitarias con la salud bucal, a pesar de su impacto en la nutrición, la autoestima y la calidad de vida”. Tuñón explicó que, más allá de la falta de recursos en los hogares, existe una problemática estructural en la oferta del sistema de salud, con dificultades de acceso geográfico, escasez de prestadores en el sector público y largas listas de espera.
En cuanto a las condiciones habitacionales, el estudio señala que hay avances de largo plazo, pero persisten déficits estructurales de gravedad. En 2025, el 18,1 por ciento de los niños y adolescentes residía en viviendas precarias (con paredes de material insuficiente o piso de tierra, entre otras carencias), y el 20,9 por ciento se encontraba en situación de hacinamiento (más de tres personas por cuarto). A su vez, el acceso a servicios básicos continúa siendo una deuda importante: el 42 por ciento de los menores vive en hogares sin saneamiento adecuado, lo que incluye falta de conexión a cloacas o red de agua potable, o ausencia de baño con descarga de agua. Por otra parte, el 37,5 por ciento de dicho rango etario enfrenta privaciones en vestimenta, es decir, no dispone de prendas suficientes o adecuadas para cada estación del año. El informe agrega que, además del déficit material, se evidencian efectos emocionales por este motivo, como vergüenza, aislamiento o bajo rendimiento escolar.
En este marco, Tuñón puso el foco sobre un fenómeno demográfico que suele pasar inadvertido en los debates sobre pobreza infantil: la caída de la natalidad. Más allá de tratarse de una tendencia global, la investigadora advirtió que constituye otra señal de los efectos que la crisis social generó en las decisiones familiares. Los datos son elocuentes: en 1991, el 56 por ciento de los hogares argentinos tenía niños y adolescentes menores de 18 años; según el censo nacional de 2022, ese valor se redujo al 44 por ciento. Esta retracción refleja una baja sostenida de la fecundidad, que se ubicó en 1,4 hijos por mujer en 2022, una cifra muy inferior al umbral de reemplazo generacional (2,1). Para los especialistas, esa disminución no responde únicamente a cambios culturales o al mayor acceso a métodos anticonceptivos, sino también a una suerte de “ajuste reproductivo” forzado por la incertidumbre económica: muchas familias postergaron o resignaron la decisión de tener más hijos ante la imposibilidad de garantizarles condiciones mínimas de bienestar. La foto que arroja el relevamiento de la UCA es, en síntesis, la de una infancia que sigue siendo la más castigada por la desigualdad, donde cualquier mejora estadística corre el riesgo de diluirse si no se abordan las causas profundas de la exclusión.
