Vialidad Nacional desveló los sobres con las ofertas de peaje para dos corredores estratégicos que cruzan Buenos Aires y La Pampa. El modelo prioriza la inversión privada total, sin subsidios estatales, y marca un giro en la gestión de la red vial argentina.
En un acto llevado a cabo mediante la plataforma digital Contrat.Ar, el Gobierno nacional, por intermedio de Vialidad Nacional, procedió a la apertura del segundo sobre correspondiente a la licitación de la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones. Este paso representa un avance significativo en el traspaso al sector privado de la administración y el mantenimiento de corredores viales que atraviesan las provincias de Buenos Aires y La Pampa, en el marco de una política orientada a eliminar la participación directa del Estado en el financiamiento de la infraestructura caminera.
Dentro de este segundo sobre se encontraban resguardadas las propuestas económicas presentadas por las empresas interesadas en gestionar los tramos en disputa. Cabe recordar que, durante el mes de febrero, las autoridades habían evaluado los antecedentes históricos y las condiciones técnicas de los oferentes, instancia en la que quince firmas resultaron habilitadas para competir por la concesión de este sistema vial. La licitación abarca la explotación, administración y conservación de los denominados Tramo Sur – Atlántico – Acceso Sur y Tramo Pampa, dos segmentos neurálgicos para la conectividad regional.
Según la información oficial difundida por el Ministerio de Economía, el esquema prioriza el financiamiento mediante inversión cien por ciento privada, con el objetivo explícito de desarrollar un modelo que no requiera subsidios del sector público ni desembolsos directos del Tesoro nacional. Este cambio de paradigma supone el fin de esquemas considerados deficitarios por la administración actual, apostando a que la eficiencia de los concesionarios privados garantice el mantenimiento y la mejora de la red.
Las ofertas más competitivas y el abanico de valores
De acuerdo con lo informado por el Gobierno, la propuesta más baja para el Tramo Sur – Atlántico – Acceso Sur fue la presentada por el consorcio integrado por Concret Nor, MarcAlba, Pose y Coarco, que ofertó un valor de peaje de 997 pesos más IVA, tomando como mes base la cotización de la moneda en julio de 2025. El resto de las ofertas para ese mismo corredor superaron los mil pesos, siendo la más elevada la de Vial Agro S.A., que alcanzó un valor de 1.322,31 pesos, también sin incluir el impuesto al valor agregado.
En lo que respecta al Tramo Pampa, el punto de partida arrojó cifras más elevadas. El precio más bajo en esta zona fue ofertado por Construcciones Electromecánicas del Oeste S.A., con un monto de 2.355,37 pesos (siempre sin IVA y con julio de 2025 como referencia). En el extremo opuesto, la propuesta de mayor valor correspondió al mismo consorcio que resultó ganador en el otro tramo —Concret Nor-MarcAlba-Pose-Coarco—, con una tarifa de 3.354 pesos. Desde la Secretaría de Transporte confirmaron a este medio que la adjudicación definitiva de la concesión se formalizará en los próximos días.
Extensión y relevancia de los corredores licitados
La longitud total de las rutas incluidas en esta etapa supera los 1.800 kilómetros. El Tramo Sur – Atlántico – Acceso Sur constituye el de mayor envergadura, con una extensión de 1.325,17 kilómetros. Este sector integra segmentos de las rutas nacionales 3, 205 y 226, además de vías de acceso fundamentales para el Área Metropolitana de Buenos Aires, como las autopistas Ezeiza – Cañuelas, la Ricchieri y la Newbery. Se trata de corredores que registran uno de los volúmenes de tránsito más altos de toda la red vial argentina.
Por su parte, el Tramo Pampa se extiende a lo largo de 546,65 kilómetros, abarcando la ruta nacional 5 desde el kilómetro 65 —a la altura de la localidad bonaerense de Luján— hasta el empalme con la ruta nacional 35 en Santa Rosa, provincia de La Pampa. La ubicación de estas vías en el sector centro del país resulta determinante para el comercio productivo y la conectividad regional, facilitando el transporte de cargas y el flujo de pasajeros entre el área metropolitana y la región pampeana.
El respaldo oficial y las redes sociales
El ministro de Economía, Luis Caputo, utilizó su cuenta de la plataforma X para brindar precisiones sobre el avance del proceso. “Hoy realizamos la apertura de ofertas económicas para la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones. Sumamos más de 1.900 kilómetros de rutas estratégicas, incluyendo accesos clave como la Autopista Ricchieri y la RN 5. Este avance es fundamental: estamos licitando los corredores con mayor volumen de tránsito del país, garantizando que la infraestructura sea financiada por la inversión privada”, expresó el funcionario. Caputo agregó que el proceso es “eficiente, transparente y riguroso”, y que solo las empresas que demostraron solvencia técnica y financiera siguen en carrera. “Sin subsidios y con competencia real. Estamos avanzando hacia una infraestructura vial más moderna cuidando los recursos de todos los argentinos”, concluyó.
Control estatal y nuevo modelo de gestión
Vialidad Nacional será el organismo responsable de supervisar el cumplimiento de los contratos que se firmen tras la adjudicación. El esquema de control que se aplicará será por resultados, una modalidad que busca garantizar que los corredores se mantengan en condiciones de seguridad óptimas y con niveles de servicio adecuados para los usuarios. Este cambio de paradigma normativo en la gestión de las rutas nacionales apunta a mejorar la calidad de la red mediante la competencia de mercado, eliminando la dependencia de recursos del Estado.
El plan estratégico hacia el futuro
La etapa actual, identificada como II-A, es la continuación de un plan estratégico que busca renovar la gestión de miles de kilómetros de calzada que hasta ahora se encontraban bajo administración estatal o con contratos de concesión próximos a vencer. Mientras se evalúan las ofertas del segundo sobre, el Gobierno ya anunció el llamado a licitación pública nacional e internacional para la construcción, explotación, administración y mantenimiento de la fase “B”, que comprenderá trazas ubicadas en las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis, organizadas en cuatro tramos. En todos los casos se analizarán los cánones y los planes de inversión propuestos por cada consorcio o empresa individual. El objetivo final, según señalaron desde el Gobierno, es alcanzar una red vial moderna que facilite el transporte de carga y el tránsito particular sin representar una carga financiera para el Tesoro nacional.
