Durante una nueva audiencia ante el Tribunal Oral Federal 7, los hombres de negocios Cristóbal López y Fabián De Sousa apuntaron directamente contra el extinto juez Claudio Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli, a quienes señalaron como artífices de una maniobra judicial gestada a partir de declaraciones obtenidas bajo la amenaza de una detención inmediata. En su extenso relato, describieron cómo el financista Ernesto Clarens modificó su versión original—en la que mencionaba a otra empresa—luego de ser intimidado con la pérdida de su libertad, todo ello con el objetivo de vincularlos artificialmente a una trama de sobornos.
En una jornada que remeció los cimientos del debate oral por el denominado caso de los “Cuadernos de las coimas”, el empresario Cristóbal López, reconocido accionista controlante del Grupo Indalo—conglomerado que por entonces aglutinaba a los canales C5N, Radio 10, el diario Ámbito Financiero y otras señales mediáticas—irrumpió en su declaración indagatoria con una frase que condensó el escepticismo y la bronca contenida durante años. “La totalidad de esta construcción judicial es espuria, un artificio orquestado por el representante del Ministerio Público Carlos Stornelli y el magistrado Claudio Bonadío”, exclamó el acusado con un tono que evidenciaba un prolongado desahogo. Desde ese instante, su testimonio derivó en una minuciosa reconstrucción de lo que, a su entender, constituyó una metodología ilegítima para involucrar a su holding en una red de pagos clandestinos que nunca existió.
El punto neurálgico de la exposición giró en torno a la figura del financista Ernesto Clarens, un sujeto que, según detallaron López y posteriormente su socio Fabián De Sousa, mutó su narrativa de manera abrupta cuando advirtió que el encierro se cernía sobre él. En su versión primigenia, Clarens había señalado al Grupo Petersen—la compañía vinculada a la familia Eskenazi—como el destinatario de las operaciones irregulares que él mismo canalizaba. Pero en un giro inexplicable para los ahora imputados, el declarante corrigió su dicho esgrimiendo un equívoco en una mera sigla: había manifestado PTC (Petersen, Thiele & Cruz) cuando, según adujo posteriormente, quiso hacer alusión a CPC, la constructora perteneciente al imperio Indalo. Tanto López como De Sousa fueron enfáticos al remarcar que jamás mantuvieron trato alguno con Clarens, ni siquiera un encuentro fortuito, y que esa repentina rectificación no fue producto de una revelación de conciencia sino de una presión tangible: la amenaza concreta de ser privados de la libertad si no acataban las directrices de la pesquisa.
Lo sucedido este jueves en la sala del Tribunal Oral Federal 7 no constituyó un hecho aislado, sino que se sumó a una cadena de testimonios de otros empresarios que, en su mayoría bajo la condición de arrepentidos, admitieron haber declarado falsedades para esquivar una inminente reclusión. Durante la misma audiencia, los jueces orales escucharon los descargos de Mario Rovella, representante de la firma Rovella Carranza, y de Guillermo Escolar, de la compañía Cleanosol, quienes ofrecieron un relato escalofriante acerca del contexto en el que prestaron sus confesiones. Ambos hombres de negocios revelaron que, con el propósito de dejar testimonio de la coacción sufrida, concurrieron ante un escribano público para certificar que mentían deliberadamente cuando incriminaban a otros en la causa, puesto que sus dichos habían sido extraídos bajo un evidente estado de temor y hostigamiento judicial.
De esta manera, la jornada ante el TOF7 dejó en evidencia una controversia medular que atraviesa el expediente de los cuadernos: la denuncia recurrente de numerosos imputados acerca de un método investigativo que, según sostienen, privilegió la obtención de culpabilidades por medio de la intimidación. Los empresarios que declararon en esta instancia coincidieron en un punto central: el extinto magistrado Bonadío, señalado por los querellados como amigo personal de Sebastián Eskenazi—uno de los dueños del Grupo Petersen—, habría alentado un relato cambiante que terminó por salpicar a compañías ajenas a la trama original. La presentación de estas coartadas, rubricadas ante fedatario público, configura un desafío directo a la credibilidad de las piezas maestras que hasta ahora sostuvieron la acusación en una de las pesquisas por corrupción más resonantes de la última década.
