La fiscalía solicitó el pase de la causa al Fuero Federal, al considerar que los crímenes fueron ordenados desde Perú por una organización narco. El autor intelectual permanece detenido en su país, a la espera de extradición.
A poco más de un mes de la conmoción generada por el triple femicidio en Florencio Varela, los fiscales de la Unidad Funcional de Homicidios de La Matanza decretaron la prisión preventiva para los ocho acusados de participar en los brutales asesinatos de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi. Paralelamente, las autoridades requirieron al juzgado de garantías que el caso sea elevado al Fuero Federal, argumentando la compleja trama criminal que lo sustenta.
Los ahora encarcelados, identificados como Miguel Ángel Villanueva Silva, Ariel Giménez, Víctor Sotacuro Lázaro, Maximiliano Andrés Parra, Celeste Magalí González Guerrero, Milagros Florencia Ibáñez, Iara Florencia Ibarra y Matías Agustín Ozorio, enfrentan cargos por homicidio criminis causa –es decir, haber ultimado a las víctimas con el objetivo de ocultar un delito anterior– y privación ilegítima de la libertad. Estas imputaciones se integran a la causa original, que ya incluía los delitos de homicidio agravado por premeditación, alevosía y ensañamiento, en el marco de la violencia de género. La fiscalía subrayó que la figura de femicidio no se aplica a las mujeres implicadas en la red delictiva.
Mientras tanto, Tony Janzen Valverde Victoriano, apodado “Pequeño J” y señalado como el cerebro de la masacre, se encuentra bajo custodia en su nación de origen, Perú. Las autoridades argentinas aguardan los trámites formales para lograr su extradición. La búsqueda de la Justicia se centra también en otros tres prófugos, contra quienes pesan órdenes de captura internacional de Interpol: los ciudadanos peruanos Alex Ydone Castillo, David Gustavo Huamani (conocido como «El Loco» David) y Manuel Valverde Rodríguez.
La investigación, documentada en un expediente que supera las mil quinientas fojas y que incluye allanamientos, autopsias y análisis de comunicaciones, sostiene como hipótesis central que la orden del triple crimen partió desde Perú. Los fiscales Carlos Adrián Arribas, Claudio Fornaro, Diego Rulli y Lorena Pecorelli afirmaron que los hechos responden a “una convergencia intencional previamente establecida”, donde los acusados, actuando con alevosía y sin dar oportunidad de defensa, atacaron a Brenda, Morena y Lara de manera “deliberada e inhumana”, empleando golpes y elementos cortantes en actos de “indescriptible brutalidad física”.
Respecto al crucial pedido de federalización de la causa, la UFI de Homicidios fundamentó que la muerte de las tres jóvenes no constituye un episodio aislado, sino la culminación de las actividades de una empresa criminal de carácter narco, dotada de una estructura definida con jerarquías, división de labores y roles operativos. La pesquisa continuará ahora con el objetivo de develar por completo la configuración de esta organización que planificó y ejecutó el macabro destino de las víctimas.
