Una de las incursiones policiales más sangrientas de las últimas décadas sumerge a las favelas de Río en un baño de sangre, con al menos 64 fallecidos, mientras el gobierno federal evalúa una polémica militarización del conflicto.
Río de Janeiro se despertó este martes bajo el estruendo de una guerra. Desde la madrugada, los populosos conjuntos de favelas del Alemão y Penha se convirtieron en el epicentro de una ofensiva sin precedentes, donde el enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y la facción narcotraficante del Comando Vermelho dejó un reguero de al menos sesenta y cuatro víctimas mortales. El balance, aún provisional, estremece por su crudeza: sesenta de los fallecidos eran civiles, atrapados en el fuego cruzado entre balas y granadas, mientras que cuatro agentes de las fuerzas de seguridad también perdieron la vida.
El paisaje en las colinas fue dantesco. Helicópteros y drones de la policía surcaban el cielo, mientras el tableteo intermitente de las ametralladoras, provenientes tanto del Batallón de Operaciones Especiales como de los bien pertrechados narcotraficantes, no cesaba. Las imágenes aéreas captadas por las autoridades mostraban a supuestos integrantes del cártel huyendo con destreza por la espesa vegetación de los morros, un paraíso natural convertido en campo de batalla. Su escape se producía a través de veredas estrechas, lejos de la mirada de una población aterrorizada.
La vida paralizada en medio del caos
Más abajo, en el corazón de las comunidades, la vida se detuvo por completo. Escuelas, centros de salud y comercios permanecieron con sus puertas cerradas. Los residentes, presas del pánico, se refugiaron en sus viviendas, documentando la barbarie con sus teléfonos celulares. Las calles, bloqueadas con piedras y neumáticos en llamas por los traficantes para dificultar el avance de los pesados blindados policiales, conocidos como «caveirões», se transformaron en pasajes desolados. Estos obstáculos, sin embargo, solo ralentizaban el avance de unas fuerzas de seguridad que disparaban contra todo lo que se movía en su entorno, sin distinción aparente.
El caos se extendió más allá de los límites de las favelas, contaminando el ritmo de toda la ciudad. Varias avenidas principales fueron cerradas, colapsando el tráfico y recordando a los cariocas la guerra de baja intensidad a la que están habituados, una rutina macabra donde aplicaciones móviles que alertan sobre tiroteos se han vuelto una herramienta de supervivencia cotidiana.
La justificación política y la sombra de Bolsonaro
Desde el poder estatal, el gobernador Claudio Castro, aliado del expresidente Jair Bolsonaro, defendió con vehemencia la violencia desplegada por los más de dos mil efectivos movilizados. En una entrevista concedida a la cadena CNN Brasil, a la que la policía facilitó exclusivas imágenes aéreas, Castro tildó a los miembros del Comando Vermelho de no ser meros delincuentes, sino “terroristas”, un término cargado de implicancias que justifica el uso de la fuerza máxima. Esta retórica encontró eco en figuras mediáticas afines y parece haber sido anunciada días atrás por el senador Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente y una pieza de enorme influencia en la política de seguridad de Río. El legislador no solo había propuesto considerar a los narcos como terroristas, sino que llegó a expresar su “envidia” por la política de seguridad estadounidense, sugiriendo una intervención militar extranjera en la bahía de Guanabara.
La delicada respuesta del gobierno de Lula
La crisis tomó por sorpresa al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien se encontraba en el aire, de regreso de una gira oficial. La magnitud de los hechos obligó a una reunión de urgencia en el Palacio del Planalto, convocada por el vicepresidente y el ministro de la Casa Civil. El dilema para el gobierno federal es profundo. Antes de la reunión, el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, dejó entrever la reticencia oficial a firmar un decreto de Garantía de la Ley y el Orden (GLO), el instrumento necesario para desplegar a las Fuerzas Armadas. Para la administración Lula, la militarización de la seguridad pública representa una línea roja, pues equipararía el narcotráfico a un problema de defensa nacional, fortaleciendo la tesis política de sus opositores.
Al cierre de esta edición, el gobierno no se había pronunciado sobre las decisiones tomadas en el cónclave ministerial. La incertidumbre se cierne sobre Río, donde la posibilidad de que soldados patrullen las favelas desde cuyas alturas se divisan las playas más hermosas del mundo sigue latente, mientras el sonido de los disparos, aunque más esporádico, no termina de apagarse.
