Carlos Beraldi, abogado de la expresidenta, cuestionó el proceso judicial y advirtió sobre la violación de garantías constitucionales al ser juzgada nuevamente por un delito del que ya fue absuelta.
El representante legal de Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi, se manifestó con duras críticas respecto del comienzo del juicio oral por la denominada causa de los Cuadernos. El letrado afirmó que se trata de un proceso que, desde su origen, se caracterizó por una profunda irregularidad. Beraldi insistió en que el caso se construyó sobre la base de unos cuadernos que, en un primer momento, se dieron por destruidos y que posteriormente resurgieron de manera inexplicable.
El defensor hizo hincapié en una sucesión de eventos que se extienden a lo largo de un prolongado período, recordando que los hechos que dan pie a esta causa se remontan a los años 2018 y 2019, un lapso durante el cual han ocurrido numerosos acontecimientos. Beraldi expresó su firme convicción de que, en el transcurso del debate oral, estas inconsistencias quedarán plenamente al descubierto.
La expresidenta, quien ya enfrenta una condena en la causa Vialidad, se ve ahora sometida a un segundo proceso judicial. Su abogado confía en que no prosperará la acusación por asociación ilícita, argumentando que dicho cargo ya fue objeto de análisis en el juicio anterior. Aunque desde su óptica no se contó con un tribunal imparcial, el resultado fue la absolución de Fernández de Kirchner en ese capítulo.
Beraldi subrayó con especial énfasis la gravedad de que su defendida sea enjuiciada nuevamente por un hecho que ya mereció un fallo absolutorio. Esta situación, según su perspectiva, no solo afecta a la expresidenta, sino que representa una vulneración de una garantía constitucional fundamental para cualquier ciudadano.
La causa Cuadernos se inició a partir de unas anotaciones fotocopiadas, atribuidas a Oscar Centeno, quien se desempeñaba como chofer de Roberto Baratta, un exfuncionario del Ministerio de Planificación Federal durante las gestiones kirchneristas. Dichos apuntes, que en un principio se afirmó habían sido incinerados, contendrían supuestas evidencias de una red de corrupción en la asignación de licitaciones de obra pública.
