La administración de Milei, Bullrich y Sturzenegger declaró su objetivo central: aniquilar las fuerzas opositoras y la estructura gremial. Mientras el oficialismo avanza con una lógica de exterminio, la oposición y los trabajadores libran sus propias batallas internas, en un escenario de alta polarización y con una Justicia que parece sintonizar con el clima político.
La administración nacional confirmó esta semana que el desmantelamiento del peronismo-kirchnerismo y del movimiento obrero organizado constituyen el eje central de su proyecto político. Las declaraciones del presidente Javier Milei, la ministra Patricia Bullrich y el arquitecto de las reformas, Federico Sturzenegger, no dejaron lugar a dudas sobre la hoja de ruta: una embestida contra las dos grandes fuerzas que consideran el principal obstáculo para su modelo de país.
Sin embargo, estas bases de la oposición parecen más concentradas en sanar sus propias heridas que en preparar una defensa unificada. La interna en el espacio kirchnerista y las tensiones dentro de la CGT para conformar una nueva cúpula reflejan una fragmentación que el oficialismo observa con atención, interpretándola como una ventaja estratégica.
El escenario político parece resonar con ecos de procesos regionales. En Bolivia, la reciente victoria de la derecha precipitó la liberación de la expresidenta de facto Jeanine Áñez, condenada por el golpe de Estado contra Evo Morales. Este hecho evocó de inmediato la decisión de la Corte Suprema argentina de avalar el sobreseimiento de Mauricio Macri en la causa por el espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del ARA San Juan. Ambos episodios alimentan la percepción de que el Poder Judicial tiende a alinearse con los vientos que soplan en el campo electoral.
La polarización de la campaña se tradujo en consignas que delinean dos visiones antagónicas. Mientras la oposición agrupada en Fuerza Patria proponía «frenar a Milei», el discurso oficialista apeló a consignas como «acabar con el kirchnerismo» o «poner el último clavo en su cajón». La primera retrata una competencia política; la segunda, una narrativa de exterminio que para muchos observadores contiene inquietantes reminiscencias de épocas oscuras.
Para el núcleo duro del poder económico, el movimiento popular representa un impedimento para su proyecto de nación. Un modelo que se caracteriza por profundas desigualdades, índices elevados de pobreza, un proceso de desindustrialización y una economía subordinada a los intereses extranjeros, especializada en la exportación de materias primas como hidrocarburos, minerales y alimentos. Un país donde la educación y la salud públicas no son una prioridad. Este diseño, que antes encarnó Mauricio Macri, encuentra hoy su expresión más radical en la administración de Javier Milei.
El proyecto de la derecha, que genera ganancias extraordinarias para una minoría y condena a la pobreza a las grandes mayorías, no admite disidencias. La paradoja reside en que el oficialismo y sus aliados, a pesar de su retórica de mayoría, representan menos de un tercio del padrón electoral total. El resultado es una Argentina dividida en tres tercios casi equivalentes: el bloque oficialista, el espacio peronista-kirchnerista y el ausentismo. Una ecuación matemática que, lejos de justificar la eliminación del disenso, debería imponer la necesidad del diálogo como práctica democrática fundamental.
No obstante, el diálogo brilla por su ausencia en el arsenal del gobierno. Su método es la destrucción del que no se somete. Así lo demostró la primera iniciativa postelectoral de Milei: una convocatoria a gobernadores que excluyó deliberadamente a Axel Kicillof, Ricardo Quintela, Gildo Insfrán y Gustavo Melella. Un acto de discriminación ideológica que no solo marginó a los mandatarios, sino a la totalidad de los ciudadanos que representan.
En lugar de cerrar filas ante esta ofensiva, en el seno del kirchnerismo y el peronismo se acentúan las grietas internas. Surgen diferencias de gestión entre Axel Kicillof y La Cámpora, la agrupación liderada por Máximo Kirchner. Aunque por ahora no se vislumbra una fractura programática de fondo, las diatribas en las redes sociales sugieren posiciones cada vez más irreconciliables, en un ambiente donde se sospecha incluso de la interferencia de trolls oficialistas para avivar el fuego de la división. Una ruptura en la oposición podría allanar el camino para la reelección de Milei en 2027, un escenario similar al que vivió Bolivia por una interna mal gestionada.
Paralelamente, el inicio del juicio por la causa «Cuadernos» busca un doble impacto. Por un lado, ofrecer un espectáculo judicial a una porción fanatizada del electorado antiperonista. Por otro, profundizar un ajuste económico cuyos efectos alcanzarán a toda la sociedad. Especulaciones en ámbitos judiciales estiman que el proceso se extenderá entre año y medio y dos años, cubriendo así la segunda mitad de la gestión de Milei y culminando en vísperas de las próximas elecciones presidenciales. Su desarrollo, calculado con precisión política, también amenaza con agudizar las tensiones dentro del peronismo.
El otro gran frente de batalla será el movimiento sindical. La primera iniciativa legislativa poscomicios fue la presentación de una reforma laboral cuyo corazón, según admitió Sturzenegger ante empresarios españoles, es desarticular la fuerza de los trabajadores, facilitando la negociación por empresa. Frente a esta ofensiva, un sector del peronismo y sus aliados en Fuerza Patria se proponen elaborar una contrarreforma que promueva la creación de empleo sin anular derechos conquistados.
Mientras tanto, la CGT eligió una nueva conducción tripartita que incluye a Jorge Sola (Seguro), Octavio Argüello (Camioneros) y Cristian Jerónimo (Vidrio), inclinándose hacia una postura más dialoguista. Pero el diálogo es un acto que requiere de dos partes. Y el gobierno, cuyas figuras más influyentes han anunciado que buscarán «desmantelar» a los sindicatos, descarta de plano cualquier conversación. Resulta difícil, si no imposible, que una estrategia basada en el diálogo pueda prosperar con un interlocutor que solo acepta la sumisión a sus imposiciones.
