El Gobierno decidió poner en venta el 44 por ciento de las acciones de Nucleoeléctrica Argentina S.A., empresa estatal clave en la producción y desarrollo nuclear. Especialistas advierten que la medida implica un retroceso estratégico, tecnológico y geopolítico, mientras el país se aleja de una política soberana en materia energética.
El desarrollo de energía nuclear en Argentina ha sido, durante décadas, uno de los pilares más sólidos dentro del sector científico y tecnológico nacional. Lejos de ser una promesa distante, se trata de una realidad presente y funcional: las centrales Atucha I y II, en la localidad bonaerense de Lima, y la planta de Embalse, en Córdoba, suministran alrededor del 7 por ciento de la electricidad que utiliza el país. Además, proyectos como el reactor multipropósito RA-10 o el Carem posicionaron al país entre las pocas naciones capaces de diseñar y fabricar tecnología nuclear propia.
Sin embargo, esa historia de desarrollo coordinado entre organismos técnicos y científicos se encuentra frente a una redefinición de enormes consecuencias. El Gobierno nacional oficializó la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), la compañía estatal responsable de operar, mantener y planificar el futuro del parque nuclear. La decisión, publicada en el Boletín Oficial mediante la resolución 1751/2025, habilita la venta del 44 por ciento del paquete accionario, mientras que el Estado conservará el 51 por ciento y el 5 por ciento será asignado a los trabajadores de la firma.
Aunque la operación fue defendida por el oficialismo como una medida necesaria para obtener ingresos frescos en divisas y reducir el déficit, diferentes voces del ámbito científico y técnico advierten que se trata de un golpe directo a la soberanía energética. NA-SA no solo es una empresa superavitaria —registró un saldo positivo de 17 mil millones de pesos durante el primer trimestre de 2025— sino también una pieza central para la continuidad del desarrollo nuclear independiente.
Diego Hurtado, físico y exvicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, sostiene que la venta parcial compromete un proyecto estratégico que lleva más de medio siglo de construcción. Según señaló, la privatización podría no reflejar impactos inmediatos en la población, pero generará un deterioro progresivo que afectará la capacidad del país para diseñar tecnología propia. “Estamos ante una regresión estructural. El sector nuclear fue una de las escuelas más importantes de ingeniería y tecnología que se consolidaron en Argentina. Desmantelar esa base es empujar al país hacia una mayor dependencia y al subdesarrollo”, advirtió.
La oposición parlamentaria intentó frenar este proceso mediante la Ley de Emergencia y Financiamiento del Sistema Científico, que, entre sus artículos, buscaba declarar como activos estratégicos a las empresas estatales vinculadas a la energía nuclear, las telecomunicaciones, la defensa y la industria aeroespacial. Pese a haber logrado media sanción, la iniciativa continúa sin avance en el Senado.
Para algunos especialistas, la privatización no responde únicamente a una línea ideológica favorable a la reducción del rol estatal. También se alinea con presiones externas. Desde agosto, el Fondo Monetario Internacional insistió en acelerar la venta de empresas públicas dentro de su programa de condiciones para refinanciar deuda. De hecho, tanto Hurtado como el ingeniero electricista Nicolás Malinovsky coinciden en que existe una estrategia histórica de los Estados Unidos destinada a limitar la autonomía tecnológica de los países latinoamericanos, especialmente en sectores considerados sensibles desde el punto de vista geopolítico.
Malinovsky recuerda que cuando se privatizaron compañías energéticas durante la década de 1990, la experiencia resultó en desinversión y deterioro de capacidades técnicas. “Privatizar no garantiza eficiencia ni mejora. En el caso de YPF, se destruyó el aparato de investigación y desarrollo, se redujo la producción y se perdió capacidad estratégica. Algo similar puede ocurrir con la energía nuclear. Cuando el Estado se debilita, se pierde la capacidad de regular precios y garantizar la seguridad del abastecimiento”, afirmó.
En un contexto internacional donde los países industrializados expanden sus programas nucleares para responder al desafío de la transición energética, la decisión argentina resulta aún más llamativa. Estados Unidos tiene 94 reactores en operación y lanzó políticas para reimpulsar su industria nuclear; China ya cuenta con 57 reactores activos y 29 en construcción. Mientras tanto, Argentina suspende la construcción de nuevas centrales y se orienta a depender de tecnología importada, limitando su autonomía e incrementando sus costos futuros.
La venta parcial de Nucleoeléctrica podría representar una inyección puntual de dólares, calculada en torno a los mil millones. Pero según advierten especialistas, ese capital eventualmente se diluirá en la volatilidad financiera, mientras el país pierde un activo construido a lo largo de décadas, basado en talento científico, conocimiento acumulado y una política sostenida de desarrollo tecnológico.
El debate continúa abierto. Lo que está en juego no es solamente una empresa, sino la capacidad del país para decidir cómo, con qué recursos y bajo qué modelo energético construirá su futuro.
