El gobernador Llaryora y el futuro ministro Santilli, compañeros de militancia y amigos de larga data, se reúnen en un contexto de necesidades urgentes para Córdoba y un gobierno nacional que requiere consensos. Mientras, la derrotada fuerza provincial intenta rearmar su estrategia y contener las internas.
La reunión programada para este lunes entre el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, y el anunciado ministro del Interior, Diego Santilli, trasciende el mero protocolo político. Lo que se observará será el reencuentro de dos antiguos camaradas, cuyas carreras se forjaron en los mismos espacios de la Juventud Peronista a fines de los años noventa. Este vínculo personal, forjado en años de militancia y celebrado incluso con la presencia de Santilli en la boda de Llaryora, se erige ahora como un valioso capital político en un escenario nacional complejo.
El Gobierno nacional de Javier Milei enfrenta la apremiante necesidad de aceitar la gobernabilidad, un requisito exigido por los organismos internacionales de crédito, y de reunir apoyos federales para impulsar sus banderas de reforma laboral, tributaria y la aprobación del Presupuesto. Del otro lado de la mesa, la provincia de Córdoba requiere, de manera sencilla pero crucial, recursos financieros adicionales, más allá de los fondos automáticos de la coparticipación que hasta ahora ha recibido de la administración central.
Dentro del oficialismo cordobés, aún reponiéndose del temblor que significó la contundente derrota electoral del pasado octubre, la designación de Santilli es recibida con optimismo cauteloso. Un colaborador cercano al mandatario provincial definió el ánimo como una “buena noticia”, confiando en que la histórica amistad facilitará un diálogo fluido en una negociación que se anticipa intrincada. Esta relación, que ha logrado sostenerse al margen de los vaivenes particulares de cada uno, se presenta como un puente fundamental en medio de las tensiones.
Sin embargo, el desafío para Llaryora y el espacio que lidera no se agota en esta cita. La derrota abrió un flanjo político que requiere atención inmediata, particularmente en lo que respecta al futuro del bloque Provincias Unidas en el Congreso. La incógnita se centra en el rol que desempeñará el exgobernador Juan Schiaretti. Desde su entorno aseguran que tendrá un “rol preponderante”, aunque descartan que sea indispensable que ocupe la presidencia del bloque para ejercer la influencia que le otorga su peso político.
No obstante, desde otras gobernaciones aliadas existe consenso sobre su centralidad, pero también se alzan voces de duda sobre si representa la mejor opción para consolidar una candidatura presidencial de cara a 2027. En Córdoba, en cambio, se jura lealtad a Schiaretti, recordando que fue el propio Llaryora quien lo impulsó a encabezar la lista en octubre, aun sabiendo del riesgo que suponía una elección intermedia para un espacio con una larga lista de reveses.
Más allá de una lectura optimista, los integrantes de Provincias Unidas admiten en privado que sus aspiraciones electorales estaban puestas en un resultado superior, cercano al diez u once por ciento a nivel nacional. El haber obtenido menos de ocho puntos, sumado a derrotas resonantes en los principales distritos, los lleva a una sincera reflexión: para ser competitivos en una carrera presidencial, necesitarán conformar un interbloque de entre veinticinco y treinta bancas. Este objetivo implica la difícil tarea de unir miradas diversas bajo una misma bandera.
La estrategia para lograrlo genera tensiones internas. Mientras algunos proponen una amplia convocatoria sin exigir “certificado de pureza” ideológica, otros socios prefieren un paso más firme, advirtiendo sobre el peligro de una “falta de identidad” si se captan apoyos sin una base sólida. En este rompecabezas, la gran incógnita es el posicionamiento final de la Unión Cívica Radical, un espacio que contiene a miembros del propio armado provincial.
Paralelamente, Llaryora debe atender frentes internos agudizados por el resultado en las urnas. Por un lado, trabaja en conjunto con el intendente de la capital, Daniel Passerini —quien se encuentra en licencia—, para delinear cambios en el gabinete municipal que relancen la gestión de cara a 2027, año en el que deberá definirse un nuevo candidato. Por otro, enfrenta la amenaza de una fractura en la Legislatura provincial, donde existe el riesgo de que Natalia de la Sota traslade su despegue del oficialismo, lo que le costaría al gobierno su mayoría legislativa.
En un movimiento anticipado, el gobernador sumó a un legislador de un espacio disímil, demostrando una habilidad política que busca contener la sangría. La respuesta de De la Sota no se hizo esperar, con un enérgico discurso donde afirmó: “Nosotros no tenemos precio, no tenemos dudas, no nos compran”. Además, lanzó un dardo al cordobesismo, insinuando que serán ellos quienes apoyen las impopulares reformas del Gobierno nacional.
Sobre este complejo tablero de equilibrios deberá moverse el gobernador Llaryora. Su desafío será mantener una relación funcional con el Gobierno nacional para asegurar los recursos que Córdoba necesita, al mismo tiempo que construye una identidad propia y diferenciada de cara a 2027. Sabe que la voracidad política del espacio libertario no reconoce territorios prohibidos y que ya visualizan a Córdoba pintada de su color en un futuro no muy lejano. La amistad con Santilli es un activo valioso, pero en la dura realidad de la política, a menudo los afectos se someten a la fría lógica del poder.
