Mientras el Gobierno demora la convocatoria a sesiones extraordinarias, un abanico de sectores sociales -docentes, jubilados y movimientos populares- despliegan un ciclo de protestas con reclamos salariales y laborales, anticipando un clima de alta conflictividad para las últimas semanas del 2025.
Con el paisaje político en suspenso a la espera de que el Poder Ejecutivo formalice la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso, la arena social comienza a vibrar con una serie de manifestaciones planificadas para los últimos compases del año. La pulseada por el rumbo económico y social se intensifica, dibujando un escenario de creciente confrontación en las vísperas de un diciembre tradicionalmente álgido.
El ámbito educativo superior será uno de los epicentros de la conflictividad. Dos de las principales federaciones del sector, Conadu y Conadu Histórica, han convocado un paro nacional de 72 horas que se extenderá desde el miércoles hasta el viernes de esta semana, paralizando las casas de estudio en todo el territorio nacional. El movimiento de protesta, respaldado por una amplia mayoría en asambleas y plenarios, no se limita a esta medida de fuerza inmediata. Ambas entidades han advertido con contundencia que esta acción es apenas un capítulo de un plan de lucha más extenso, que incluso podría impactar en el inicio del ciclo lectivo del año próximo.
El corazón del conflicto universitario reside en dos exigencias centrales y urgentes: la inmediata apertura de paritarias salariales para frenar lo que califican como un “grave deterioro” de sus ingresos, y la efectiva implementación con fondos de la Ley de Financiamiento Universitario. Esta norma, previamente vetada y luego promulgada sin partidas presupuestarias concretas, se ha convertido en un símbolo de la puja por la supervivencia de la educación pública. La federación Conadu Histórica, a través de un comunicado, subrayó que estos instrumentos son “imprescindibles para garantizar condiciones dignas de trabajo y el sostenimiento del sistema educativo público”. Además, en un giro significativo, las entidades gremiales evalúan llevar judicialmente el reclamo paritario, en una clara señal de escalada en las medidas.
Pero la efervescencia no se circunscribe a las aulas. La protesta social se manifestará en múltiples frentes. El jueves, una concentración multitudinaria de organizaciones piqueteras tendrá lugar en el Obelisco, bajo la consigna de repudiar “la represión y la criminalización de los trabajadores y el pueblo”. Un día antes, el miércoles, la cita será frente al Congreso de la Nación, donde se realizará la acostumbrada marcha de jubilados, otro sector históricamente golpeado por la situación económica.
A estos reclamos se suma la agenda de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que ha delineado tres puntos críticos de confrontación: la exigencia de una política laboral estable que revierta lo que perciben como el desmantelamiento del programa “Volver al Trabajo”, la distribución efectiva de alimentos por parte de la cartera de Capital Humano, y la paralización en la ejecución de obras destinadas a la integración sociourbana en los barrios populares. Fuentes de la organización anticiparon que “seguramente” avanzarán con reclamos concretos en el transcurso de la semana.
Este mosaico de descontento se produce en un contexto político de alta incertidumbre. El reciente triunfo electoral de La Libertad Avanza, que fortaleció numéricamente al oficialismo en el recinto, añade un componente de misterio sobre la reacción que tendrán las calles frente a un eventual tratamiento en las extraordinarias de temas sensibles, como una reforma laboral. El fantasma de un diciembre caliente se cierne sobre el país, con un gobierno fortalecido en las urnas y una sociedad movilizada que prepara sus herramientas de lucha. La pulseada, lejos de apaciguarse, parece estar llegando a su punto más crítico.
