La investigación judicial por el financiamiento de la campaña de la senadora electa de La Libertad Avanza en Río Negro entrelaza denuncias de facturas falsas, vínculos con un empresario señalado por narcotráfico y un sucesor en el Senado que es su hijastro. La Justicia federal y provincial buscan reconstruir una ruta financiera que parece diseñada para el ocultamiento.
El escenario político y judicial se encuentra nuevamente enfocado en la figura de Lorena Villaverde, senadora electa por Río Negro, tras una denuncia presentada en la Cámara Federal de Comodoro Py que reactivó las sospechas sobre los fondos que hicieron posible su campaña electoral. El empresario Daniel Sarwer puso en evidencia el posible rol del controvertido Federico “Fred” Machado, vinculado a causas de contrabando de aeronaves y procesado en Estados Unidos por narcotráfico. La presentación judicial exige el levantamiento del secreto bancario y la intervención de sociedades para desentrañar el laberinto financiero que permitió la irrupción de Villaverde en la política nacional.
Paralelamente, en la provincia se abrió un expediente que añade complejidad al caso. Legisladores rionegrinos denunciaron la utilización de facturas apócrifas para justificar gastos de campaña que superan los cien millones de pesos. Según las actuaciones, estos comprobantes falsos estarían encubriendo aportes privados de origen desconocido, lo que motivó pedidos de informes a la AFIP y la UIF para rastrear el dinero ilegítimo.
Aunque la conexión financiera entre Villaverde y Machado no aparece en documentos formales, emerge con fuerza a través de testimonios, vínculos personales y movimientos económicos que la Justicia intenta reconstruir. La pregunta central ya no se limita a quién aportó el dinero, sino a quién beneficia políticamente si la senadora electa queda inhabilitada para asumir.
Ese interrogante conduce a un nombre que ha permanecido en las sombras pero que es fundamental en esta trama: Enzo Fullone, el segundo en la lista de La Libertad Avanza. Fullone, de 37 años, quien se desempeñó como gerente de marketing del Casino del Río y actualmente ocupa un cargo en Vialidad Nacional, no es un simple compañero de fórmula. Es, además, hijastro de Federico “Fred” Machado.
La madre de Fullone mantuvo una relación sentimental prolongada con el empresario, viajando frecuentemente a Estados Unidos para visitarlo durante sus procesos judiciales. Este vínculo trascendió lo emocional para adentrarse en lo económico. Fuentes cercanas al círculo empresarial regional aseguran que Machado financió al menos dos emprendimientos del hoy dirigente político: una granja de minería digital para criptomonedas, que demandaba una inversión inicial cuantiosa y tecnología importada, y un proyecto para establecer una bodega de vinos, actualmente en desarrollo. Estas inversiones apuntan a un capital de origen idéntico al que ahora se investiga.
La situación revela una notable sensibilidad política: si Villaverde no pudiera asumir, Fullone ocuparía su banca en el Senado. Esto significa que el reemplazo directo de una legisladora investigada por recibir apoyo financiero dudoso sería un dirigente con lazos familiares y económicos con la misma persona que está en el centro de la causa. Una línea sucesoria que, lejos de disipar las dudas, las intensifica.
A este entramado se suma un proyecto inmobiliario en Las Grutas, del cual solo quedan rumores. Se habría especulado con la participación de Villaverde en conversaciones para la construcción de una torre de lujo de casi veinte pisos, con supuesto interés financiero de Machado y empresarios del básquet profesional. Aunque la iniciativa nunca se concretó y no hay documentación municipal que la avale, la hipótesis que circula entre operadores del sector es que el negocio inmobiliario pudo haber sido contemplado como un mecanismo de blanqueo de capitales.
La discusión que se ha abierto trasciende con creces una candidatura o una banca particular. La Libertad Avanza logró construir apoyos veloces y amplios en diversos territorios, pero al mismo tiempo arrastra la debilidad de haber edificado estructuras políticas donde el origen del financiamiento se torna cada vez más polémico y fraudulento con el paso del tiempo. Por ahora, no existen condenas firmes ni sentencias ejecutoriadas. Sin embargo, los hechos, los vínculos y las trayectorias, cuando se observan en conjunto, delinean una trama que genera profunda incomodidad en el oficialismo nacional y entre los propios representantes del partido. En Río Negro, el caso sigue dando que hablar, con la salvedad de que ahora la Justicia observa de cerca y una causa judicial podría desatar un nuevo y explosivo capítulo en las próximas semanas.
