Mientras la justicia investiga desvíos millonarios de fondos públicos en el área, el Ejecutivo se resiste a aplicar la Ley de Emergencia, recurre a maniobras legales para frenar fallos judiciales favorables y posterga una asistencia económica vital para instituciones y familias.
Con una actitud que desafía la realidad, mientras en los tribunales de Comodoro Py desfilan los implicados en las coimas de la Agencia Nacional de Discapacidad, el Gobierno nacional se empeña en no ejecutar las partidas indispensables para dar cumplimiento a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Esta negativa persiste incluso ante requerimientos judiciales. En un giro legal, el Procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, impulsó la recusación del juez federal de Campana Adrián González Charvay, quien se hallaba al borde de anular el decreto de necesidad y urgencia con el que la Rosada había invalidado por segunda vez la norma, tras su ratificación parlamentaria.
El magistrado había hecho lugar a una acción de amparo colectivo promovida por familiares y entidades del sector, quienes continúan denunciando el estrangulamiento financiero de los prestadores de servicios, cuyas organizaciones de apoyo están al límite del cese de actividades. En este contexto de disputa por los recursos, el procurador solicitó además que se declare “abstracta” la causa, basándose en un argumento por lo menos peculiar: sostuvo que las asignaciones para implementar la ley en realidad están aseguradas en el presupuesto de 2026, no en la propuesta oficial, sino en el dictamen de minoría de la oposición.
La medida judicial había sido iniciada por dos grupos familiares en representación de sus hijos menores con discapacidad. Exigían la efectiva puesta en marcha de la Ley de Emergencia, que fue bloqueada fácticamente mediante el Decreto 681/2025, firmado por el entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Aquella disposición fue la réplica del Ejecutivo a la reafirmación legislativa de la ley, que logró amplias mayorías en ambas cámaras. Lo que realizó Francos fue promulgarla, pero sin presupuesto y congelando la práctica totalidad de sus articulados, una manera solapada de ejercer por segunda vez un veto.
Los padres acudieron a la justicia con un pedido de protección, fundamentando que sus hijos –que requieren apoyos específicos para Trastornos del Espectro Autista (TEA)– necesitan recibir una atención digna y adecuada. Las organizaciones del colectivo se plegaron al reclamo: escuelas especiales, centros de día, espacios terapéuticos y compañías de transporte especializado integraron la demanda contra el Estado Nacional. También adhirieron entidades como la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). El caso judicial fue ganando consistencia y el juez González Charvay desestimó de manera reiterada los intentos gubernamentales para que la causa no avanzara.
En una de sus últimas determinaciones, el magistrado había dispuesto incluso la publicación en el Boletín Oficial de un edicto que informaba sobre la existencia del amparo colectivo, con el fin de permitir que más familias se sumaran al proceso. Esto ocurrió poco después de que rechazara diversos planteos del Gobierno, que llegó a impugnar la acción de amparo bajo el argumento de que una de las familias involucradas contaba con cobertura de la obra social del Poder Judicial. González Charvay respondió que dicha obra social utiliza los valores del Nomenclador Nacional –es decir, los montos de las prestaciones fijados por la Agencia Nacional de Discapacidad– como referencia para calcular los reintegros a las familias, por lo que el desfinanciamiento de la agencia impacta de lleno en la salud de sus hijos.
Según se pudo conocer, el juez se aprestaba a emitir una sentencia de fondo que declararía la inconstitucionalidad del decreto de Francos. No obstante, la administración consiguió apartarlo de la causa. La decisión sobre su competencia recaerá ahora en la Cámara Federal de San Martín.
La fundamentación del procurador para recusarlo fue que González Charvay había “prejuzgado”, ya que en una de sus resoluciones escribió que el decreto de Francos suspendió la ley. En realidad, el juez realizó una cita textual: el DNU establece literalmente que la Emergencia quedaba reglamentada pero “suspendida en su ejecución” hasta que no se consignaran los fondos.
“Lo que busca el Ejecutivo es ganar tiempo, con argumentos que demuestran su escaso respeto por la Constitución, algo que vienen evidenciando desde el decreto 681/2025, que es una suerte de veto del veto del veto”, afirmó al respecto el abogado constitucionalista Diego Armesto, representante de las organizaciones que impulsan el amparo.
En una búsqueda por ganar un respiro, el Gobierno anunció a fines de octubre un incremento del 31 por ciento en los aranceles de las prestaciones, a cobrarse en tres cuotas hasta enero de 2026. Las organizaciones lo criticaron por considerarlo insuficiente y reclamaron la aplicación de la ley, que otorgaba aumentos muy superiores y una compensación por lo perdido durante los últimos doce meses, período en el que los aranceles permanecieron congelados.
“El aumento otorgado a los prestadores no respeta lo establecido por la Ley de Emergencia”, advirtió el Foro Permanente por los Derechos de las Personas con Discapacidad, que reúne a varios de los centros de día y transportistas. Según el Foro, este ajuste representa “la mitad –o incluso menos– del atraso arancelario acumulado durante esta gestión”. “Muchos prestadores debieron cerrar sus puertas durante este año, de acuerdo con datos oficiales de la Provincia de Buenos Aires”, añadieron.
Lo paradójico es que ese incremento real que establecía la ley fue incorporado al dictamen de minoría de la oposición para el Presupuesto 2026 –el que lleva la firma del diputado Oscar Agost Carreño–, pero no en el proyecto oficial, que por el contrario ratifica el ajuste en el área. De forma asombrosa, el procurador utilizó ese aumento presente en el dictamen de minoría para sostener que el amparo colectivo carece de objeto.
“El proyecto de minoría –se lee en el escrito de Castro Videla– dispone la incorporación al presupuesto de los ‘créditos correspondientes a la Ley de Emergencia Nacional en Materia de Discapacidad’, por lo que ‘se desprende indubitablemente que las asignaciones presupuestarias en cuestión’ ya están incorporadas”, razón por la cual “las cuestiones debatidas en esta causa se refieren a una materia que está siendo considerada por el Congreso Nacional”.
Las organizaciones salieron a cuestionar la postura oficial y defendieron el progreso de la causa, al mismo tiempo que ironizaron sobre las coimas en la Andis, una causa que avanza con declaraciones testimoniales en Comodoro Py. “Mientras la justicia federal investiga cómo desviaron miles de millones de pesos de fondos destinados a discapacidad —con empresarios detenidos y evidencia contundente—, el mismo gobierno usa a su Procurador del Tesoro para intentar paralizar el reclamo de las familias que solo pedimos que se cumpla la ley que el Congreso aprobó”, afirmaron con indignación.
