Recortes presupuestarios en la respuesta al VIH, amparados por un clima de discusión moralizante, amenazan con dejar sin protección a miles de personas y desmantelan políticas sanitarias consolidadas por ley, mientras surgen voces críticas desde dentro de la propia comunidad LGBTIQ+.
El giro restrictivo en materia de derechos impulsado por La Libertad Avanza castiga con particular crudeza a comunidades históricamente vulneradas, entre ellas, la comunidad LGBTIQ+. En este contexto, la profilaxis preexposición (PrEP), un medicamento que reduce hasta en un 99% el riesgo de contraer VIH, ha regresado al centro de la escena pública. Sin embargo, no lo hace por un avance científico, sino por el resurgimiento de un moralismo que muchos consideran rancio y peligroso. Sorprendentemente, desde dentro del propio colectivo han surgido afirmaciones que sostienen que el Estado “no debe costear” un fármaco que —según este discurso— “alienta la promiscuidad” o supuestas “prácticas de riesgo”.
La situación real es mucho más severa. El Gobierno nacional presentó un presupuesto para 2026 que consolida el abandono del Programa de Respuesta al VIH, Hepatitis, Tuberculosis e ITS, incumpliendo abiertamente la Ley Nacional 27.675 y jurisprudencia vigente. Este vaciamiento financiero no es una mera cuestión administrativa; se trata de un retroceso con consecuencias potencialmente letales. Agrava la crisis sanitaria, debilita las estrategias de prevención y priva a miles de personas del acceso a herramientas básicas que el sistema público está obligado a proporcionar. Respecto a la PrEP, el proyecto oficial no contempla adquisiciones, una omisión que también se extiende a la profilaxis postexposición (PEP), dejando sin cobertura preventiva a más de once mil individuos.
El origen de esta polémica se remonta a los días posteriores a la última Marcha del Orgullo en Buenos Aires, que bajo la consigna de “más orgullo y unidad” confrontó directamente con la retórica del gobierno de Javier Milei. Poco después, se viralizó un informe de la Fundación GEP que alertaba sobre un presupuesto que fomenta “el abandono estatal” en la lucha contra estas enfermedades. La revelación actuó como un detonante, reavivando prejuicios latentes y abriendo un debate interno donde se comenzaron a cuestionar, desde posiciones carentes de evidencia científica, políticas sanitarias que salvan vidas y garantizan bienestar.
La PrEP: Un derecho, no un privilegio
Para comprender esta nueva fractura al interior de la comunidad es fundamental regresar a los principios básicos. La PrEP es una de las estrategias de prevención del VIH más eficaces a nivel global. Su particularidad radica en que está destinada específicamente a personas seronegativas que se encuentran en situaciones de posible exposición al virus. Se administra mediante un comprimido antirretroviral de toma diaria, cuyo mecanismo no crea defensas, sino que bloquea al virus e impide que se establezca y replique en el organismo en caso de contacto.
La evidencia internacional es contundente. La Organización Mundial de la Salud recomienda la PrEP como un pilar central de la prevención combinada, junto con el preservativo, la vacunación y el testeo regular. En Argentina, su acceso no es un beneficio opcional, sino un derecho garantizado por la ley. Natalia Nelson, abogada de Fundación Huésped, subraya que “el Estado es el garante de que cualquier persona pueda acceder sin barreras al tratamiento integral que necesita”. La norma es clara: todas las personas, sin distinción de su cobertura de salud, deben poder acceder a esta profilaxis.
Un presupuesto que desguaza la prevención
Con el triunfo legislativo del oficialismo, comenzaron a conocerse los pormenores del presupuesto 2026, el primero elaborado en su totalidad por la administración Milei. Las noticias para los programas de salud son tan negativas como se anticipaba. Según las alertas de la Fundación GEP, el presupuesto del Programa 22 sufrirá una reducción del 38% en dólares, pasando a representar apenas el 2% del total gubernamental. Las metas confirmadas pintan un panorama desolador: se proyecta atender a menos personas con VIH, se recortan millones de preservativos en un contexto de aumento de sífilis, se elimina la producción de materiales educativos y, como punto crítico, no se prevén compras de PrEP o PEP.
José María Di Bello, de Fundación GEP, señaló que tras detectar la magnitud del recorte, se iniciaron gestiones con legisladores para visibilizar este retroceso. “Son políticas públicas que deben estar garantizadas. Es una ley que costó ocho años y el Estado es quien debe asegurar el acceso”, afirmó. Además, introdujo un matiz crucial para el debate: “Si bien la PrEP es efectiva, también lo es tratar a todo el mundo. Quizás sería necesario discutir qué estrategia impulsamos con más fuerza para la salud colectiva”.
“El Estado no tiene que pagarte la fiesta”: el odio desde adentro
Lo más inquietante acaso sea la reacción de algunos integrantes de la propia comunidad LGBTIQ+, que han manifestado abiertamente su oposición a que el Estado provea estas herramientas. En redes sociales circularon consignas como “el Estado no tiene que pagarte la fiesta” o “hay gente que cree que acostarse con desconocidos es un derecho”, mensajes cargados de estigma y desconocimiento. Di Bello reconoció con perplejidad que es la primera vez que escucha este tipo de comentarios desde dentro del colectivo, y los vinculó directamente con “la política cruel del Gobierno y la habilitación para que circulen esta clase de discursos”.
Desde la perspectiva médica, este estigma no es inocuo. Aleja a las personas del sistema de salud, combinando desinformación, prejuicio y un clima político que celebra la crueldad. Paulo Dos Santos, médico infectólogo, analiza este fenómeno: “¿Por qué hay tanto discurso de odio? Porque es la norma hoy en día”. Advierte que se subestima a la PrEP como estrategia para prevenir una infección con una complejidad social y médica única, y destaca que la prevención debe ser multifacética y adaptarse a las realidades de cada persona, sin reduccionismos moralizantes.
Al final, lo que está en juego trasciende un comprimido. Se trata del sentido mismo de la salud pública como derecho humano inalienable, de la obligación indelegable del Estado de proteger a los más vulnerables y de la capacidad de una sociedad para defender conquistas sanitarias que costaron décadas de lucha. El desfinanciamiento y el estigma representan dos frentes de un mismo ataque, cuyas víctimas finales serán siempre las personas.
