Una reestructuración oficial en los subsidios a la luz y el gas impactará con fuerza en la economía familiar. Nueve de cada diez usuarios de gas afrontarán la tarifa completa, mientras los ingresos populares enfrentan un escenario de servicios dolarizados y salarios estancados.
El Gobierno Nacional profundiza su política de reordenamiento de los subsidios energéticos, una iniciativa que tendrá consecuencias directas sobre el poder adquisitivo de las familias, especialmente aquellas con menores recursos. Según lo establecido, a partir de enero de 2026, la casi totalidad del costo de la electricidad y el gas recaerá sobre los consumidores, en un movimiento que implicará un traspaso de aproximadamente mil millones de dólares desde las arcas del Estado hacia los bolsillos de los usuarios.
De acuerdo con las previsiones oficiales, el 90% de los usuarios de gas y una proporción similar de los de electricidad quedarán desvinculados de la asistencia estatal, abonando la tarifa plena. Este cambio se enmarca en una estrategia más amplia que, desde el inicio de la actual administración, ha impulsado la dolarización de las tarifas de los servicios públicos. Al recortar los subsidios, el costo final de la energía queda indexado al valor del dólar, en un contexto donde los salarios en pesos muestran una marcada incapacidad para seguir ese ritmo.
Pedro Busetti, representante de la asociación Defensa de Usuarios y Consumidores, advirtió que la medida busca que, para inicios de 2026, “el ochenta por ciento del costo de la electricidad y el noventa del gas estén cubiertos por las tarifas, dejando a la mayoría de los usuarios sin asistencia estatal”. Esta transición podría traducirse en un encarecimiento de las facturas de hasta un treinta y seis por ciento para abril de ese mismo año, según las estimaciones.
El nuevo sistema reemplazará el actual Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), que segmentaba a la población por niveles de ingresos, por un mecanismo que pondrá el foco en el volumen de energía consumida y que presentará variaciones según la época del año. Paradójicamente, este diseño hará que el impacto en los recibos sea menos significativo para aquellos hogares con consumos energéticos más elevados, mientras que los sectores que logren mantener algún tipo de subsidio deberán enfrentar, de todos modos, un incremento en el valor final del servicio.
La decisión consolida un cambio estructural en la política tarifaria, pero al mismo tiempo introduce una presión adicional sobre los ingresos de la población, reduciendo aún más la capacidad de consumo en el mercado interno y planteando un desafío adicional para la economía familiar en un escenario de sueldos que no logran recuperar terreno frente a la inflación y la dolarización de los servicios esenciales.
