Acusaciones de financiamiento narco, una condena por drogas en EE.UU. y el desvío de pasajes oficiales ponen en jaque la llegada de la legisladora de La Libertad Avanza a la Cámara alta. El Gobierno, temiendo perder un voto crucial, presiona para que desista, mientras ella se aferra a sus fueros en Diputados.
La proyección de la sombra del narcoescándalo que forzó la salida de José Luis Espert continúa ensombreciendo los pasillos de La Libertad Avanza. El foco se desplazó ahora hacia la senadora electa por Río Negro, Lorena Villaverde, señalada de haber recibido financiamiento de Federico “Fred” Machado, el narcotraficante detenido en Texas. Después de días de intensas especulaciones y con el claro objetivo de preservar sus fueros parlamentarios, la legisladora decidió revertir su renuncia al escaño que aún ostenta en la Cámara de Diputados, con mandato vigente hasta 2027. Su incorporación al Senado es fuertemente impugnada por la oposición e incluso por socios del propio oficialismo, generando un escenario donde el Gobierno arriesga perder un voto decisivo en la Cámara alta. Frente a esta posibilidad, desde la Rosada comenzó a ejercerse una presión sostenida para que decline el cargo, tal como había sido anticipado.
Su historial, salpicado por causas en Estados Unidos por tenencia de cocaína, un paso por prisión y un juicio fallido en aquel país, sumado a las abundantes pruebas que la conectan con Machado y con su primo Claudio Cicarelli –identificado como presunto testaferro–, transformaron a Villaverde en una figura tóxica, con un porvenir político sumamente incierto dentro del Congreso.
Este retroceso de la diputada, al rechazar ahora dejar su banca en la Cámara baja, evidencia con claridad que los hermanos Milei han retirado su apoyo. Inicialmente, el Presidente Javier Milei había sido su principal valedor, pero finalmente prevaleció la postura de su hermana Karina, quien desde antes de los comicios exigía el retiro de su candidatura. Este nuevo panorama sugiere que Villaverde se vería obligada a renunciar a la credencial de senadora, cediendo el lugar a Enzo Fullone, el siguiente en la lista, dado que el Gobierno nacional no está dispuesto a arriesgar un voto en el Senado para las iniciativas clave que planea impulsar. En este contexto, el pliego de su diploma, devuelto a la comisión de Asuntos Constitucionales, solo podría tratarse en marzo durante las sesiones extraordinarias, donde el Ejecutivo aspira a debatir la reforma laboral y el Presupuesto.
Lo que parecía ser la consolidación definitiva de la trayectoria política de Lorena Villaverde, tras su elección bajo la órbita libertaria, se transformó en un laberinto de denuncias, antecedentes penales, señalamientos públicos y operaciones cruzadas. Este caso condensa como pocos las profundas tensiones internas de un espacio que llegó al poder pregonando pureza moral y transparencia. Las acusaciones y los expedientes judiciales, tanto locales como internacionales, convirtieron su ascenso al Senado en un problema de gran magnitud, con un costo político potencialmente alto para el oficialismo.
La polémica de los pasajes aéreos
Mientras el oficialismo intentaba gestionar la compleja situación judicial de su legisladora, se abrió un nuevo frente de controversia. Una serie de tickets aéreos emitidos desde el sistema oficial del Congreso, OPTAR, permitió reconstruir más de una docena de vuelos realizados por Claudio “Lechuga” Ciccarelli, vinculado estrechamente con la diputada y señalado como testaferro de Machado. La trazabilidad de estos pasajes, obtenida mediante pedidos de acceso a la información pública, indica que fueron emitidos desde el usuario asignado al despacho de Villaverde, cubriendo rutas entre Buenos Aires, Viedma, Neuquén, Córdoba, Trelew y Río Grande. Muchos de estos viajes carecen de justificación parlamentaria documentada, y algunos fueron presentados como “misiones oficiales” sin respaldo alguno.
La denuncia, formalizada en la comisión de Asuntos Constitucionales por la senadora neuquina Silvia Sapag, instaló la sospecha de que el uso indebido de pasajes oficiales no respondía a un error aislado, sino a un esquema sistemático que beneficiaba al entorno de la legisladora. Esta documentación, agregada a sus antecedentes, creó el clima político que llevó al bloqueo de su pliego y a la suspensión de su juramento el pasado 28 de noviembre, generando un severo dolor de cabeza para el oficialismo.
El impacto de un pasado judicial revelado
El golpe político más contundente provino de la revelación de que Villaverde figura en documentos oficiales de la Justicia Federal estadounidense como detenida en 2002 en Sarasota, Florida. Fue acusada de integrar una operación de distribución de cocaína. Los registros muestran que fue hallada culpable por un jurado, logró anular la sentencia para un nuevo juicio, pero tras recuperar la libertad incumplió las condiciones y desapareció del radar judicial, regresando a la Argentina. Una orden de arresto quedó vigente hasta que, catorce años y medio después, la fiscalía retiró los cargos por la prescripción procesal, no por inocencia. Este dato, políticamente letal, nunca había formado parte de su biografía pública.
La interna y la resistencia
El momento decisivo ocurrió en la previa de la sesión preparatoria del Senado, cuando el diploma de Villaverde fue retirado de la agenda y devuelto a comisión, una señal clara de que el oficialismo no tenía consenso para avalar su juramento. Este movimiento fue interpretado como un triunfo de los sectores internos, liderados por Karina Milei, que abogaban por congelar el caso, a pesar del inicial respaldo del Presidente.
Confirmando anticipos periodísticos, Villaverde ha optado por una estrategia de resistencia: no renuncia a su banca en Diputados, pero tampoco puede asumir en el Senado. Esta maniobra le permite mantener los fueros parlamentarios mientras intenta eludir potenciales procesos judiciales locales, que podrían investigar el uso defraudatorio de pasajes, financiamiento irregular de campaña, vínculos con la trama de Machado, o un préstamo ilícito del Banco Nación por 225 millones de pesos para una propiedad en Neuquén.
Este acto de abroquelamiento, sin embargo, ahonda la grieta política dentro del espacio libertario. Mientras algunos referentes consideran que su permanencia impide superar la crisis, otros cercanos al núcleo duro del Ejecutivo argumentan que ceder sería aceptar un condicionamiento de la oposición. En el centro de la tormenta, Villaverde guarda un silencio absoluto, refugiada en su círculo íntimo, mientras su futuro político pende de un hilo.
El escándalo Villaverde plantea preguntas incómodas sobre los mecanismos de selección de candidatos, la transparencia en el uso de recursos públicos y los límites de la tolerancia política ante antecedentes graves. La Libertad Avanza enfrenta una prueba de gobernabilidad interna, la oposición halló una rara unidad para bloquear una designación, y una legisladora queda atrapada en un limbo institucional, símbolo de una tormenta donde se mezclan un pasado judicial tumultuoso, presuntas irregularidades administrativas, pugnas de poder y un destino incierto.
