La Cámara Federal dispuso analizar la procedencia y autenticidad de las grabaciones atribuidas al ex titular del organismo, aunque mantiene la investigación por presuntas coimas y sobreprecios. La decisión, criticada por algunos sectores, genera un incidente paralelo en un expediente que ya tiene múltiples indagatorias en curso.
En una determinación que provocó asombro en ámbitos judiciales, la Sala II de la Cámara Federal resolvió, por mayoría, instruir la investigación sobre la fuente y la veracidad de las grabaciones que se le atribuyen al antiguo responsable de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo. Estas conversaciones, divulgadas inicialmente en programas periodísticos, fueron el punto de partida de la causa penal que indaga un sistema de sobornos y pagos excesivos en la adquisición de medicamentos dentro del organismo estatal.
La resolución, lejos de anular el proceso en marcha, genera un expediente accesorio que podría desviar la atención del núcleo central de la investigación: las graves acusaciones de corrupción que habrían operado en perjuicio de las personas con discapacidad. El fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello mantienen activas quince indagatorias iniciadas la semana pasada, sin que las diligencias realizadas hasta el momento queden invalidadas.
Los camaristas Martín Irurzun y Roberto Boico, autores del fallo mayoritario, accedieron así a un reclamo de las defensas de la familia Kovalivker –propietaria de la droguería Suizo Argentina– y del propio Spagnuolo. Estos alegaban que las grabaciones podrían ser falsas, estar manipuladas o haber sido obtenidas sin autorización, peticionando incluso su nulidad total, algo que la Cámara no concedió.
Desde la órbita del juzgado y la fiscalía se había rechazado previamente este planteo, sosteniendo que es frecuente que una investigación penal se inicie a partir de revelaciones periodísticas o conversaciones privadas. Se argumentó, además, que el contenido de los audios –donde se describen presuntos pagos de coimas a Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem, entre otros– no fue empleado como prueba directa dentro de la causa.
La Grieta en la Cámara y el Riesgo de Desvío
La decisión de la mayoría camarística expuso una clara divergencia al interior del tribunal. En un voto en minoría, el juez Eduardo Farah respaldó la postura del magistrado de primera instancia, considerando que el material auditivo, por su riqueza de detalles sobre personas, operatorias y montos específicos, presentaba una «verosimilitud suficiente» para motivar la pesquisa. Farah recordó que la jurisprudencia admite la validez de grabaciones efectuadas por particulares.
Los críticos de la resolución mayoritaria advierten que, de aplicarse este criterio de forma extensiva, se obstaculizaría el inicio de numerosas causas que suelen nutrirse de denuncias anónimas o filtraciones, al exigir un análisis previo de la fuente por encima del contenido sustancial de la información. Se teme que esta medida abra la puerta a futuras presentaciones destinadas a entorpecer y desenfocar el avance de la investigación principal.
Paralelamente, y en una señal contradictoria, la misma Sala II rechazó de manera unánime otro recurso de la defensa de la droguería Suizo Argentina, que alegaba la existencia de «cosa juzgada» basándose en una causa anterior archivada. Todos los camaristas coincidieron en que no existían identidad ni investigaciones previas que impidieran el curso actual del expediente.
La Sólida Acusación Fiscal
Mientras se debate el origen de los audios, la estructura de la causa construida por el fiscal Picardi permanece incólume. Su detallada imputación, presentada el mes pasado, describe una «asociación ilícita» activa desde diciembre de 2023, dedicada a generar ganancias millonarias mediante un sistema irregular de compras de medicamentos de alto costo.
Según la fiscalía, se implementó un circuito paralelo de contrataciones que direccionó adjudicaciones, cartelizó proveedores y violó todos los principios de la administración pública. Este mecanismo habría permitido que personas ajenas al organismo, incluidos exfuncionarios y agentes privados, participaran en decisiones y tuvieran acceso a sistemas oficiales para manipular las adquisiciones.
El resultado, se alega, fue el desvío de más de 30.000 millones de pesos mediante sobreprecios que en algunos casos superaron el 115%, perjudicando directamente al erario público y a la población destinataria de los beneficios. La acusación también incluye un esquema de blanqueo de capitales, supuestamente ejecutado con la colaboración de determinados empresarios.
Frente a esta robusta construcción probatoria, que incluye análisis de comunicaciones, movimientos financieros y documentación contable, el fallo sobre los audios representa un capítulo adicional pero no determinante. La investigación avanza, con varias de las personas implicadas ejerciendo su derecho a no declarar, en un caso que sigue profundizando en las graves irregularidades denunciadas en el seno de la agencia estatal.
