Mientras el Gobierno ultima los detalles de su polémico proyecto, la oposición peronista define una batería de iniciativas que apuntan a reforzar derechos, proteger el salario y adaptar las normas a la era digital, posicionándose como alternativa en el debate.
En el clima de tensa expectativa que precede al anuncio oficial de la reforma laboral del presidente Javier Milei, previsto para este martes, el espacio peronista avanza en la consolidación de una propuesta alternativa. Lejos de limitarse a un rechazo frontal, el justicialismo debate un corpus de ideas diseñado para ampliar las garantías de los trabajadores, mejorar sus condiciones y contrarrestar lo que denominan el «avance anti-derechos» impulsado desde el Poder Ejecutivo.
Estos lineamientos, discutidos en el ámbito interno de la comisión partidaria de nuevas relaciones laborales, ya circulan entre legisladores oficialistas y se perfilan como el núcleo de su estrategia parlamentaria. La iniciativa busca reforzar el rol del Consejo del Salario como instancia genuina de negociación entre sindicatos y empleadores, criticando su actual conversión en un ámbito «testimonial» donde los incrementos se deciden por decreto. En este marco, el bloque se opone de manera terminante a cualquier modalidad de remuneración que no sea en moneda de curso legal.
Otro pilar central de la contrapropuesta es la reducción progresiva de la jornada laboral, con la meta de alcanzar las seis horas diarias. Este objetivo, según sostienen, se fundamenta en experiencias internacionales que vinculan menor horario con mayor productividad y bienestar. El proyecto incluye además un capítulo específico para trabajadores de plataformas digitales, un sector hoy en gran medida desprotegido. Allí se postula la libertad horaria, la transparencia algorítmica obligatoria para las empresas –exigiendo que divulguen cómo asignan tareas, imponen multas o aplican sanciones– y la creación de ventanillas físicas de atención para resolver conflictos, como los bloqueos de cuentas.
Para el creciente universo del teletrabajo y las modalidades híbridas, el peronismo garantiza el derecho a la desconexión digital, asegurando que las comunicaciones fuera del horario laboral no sean obligatorias o deban compensarse como horas extras. En materia de licencias, promueven la igualación entre géneros y la inclusión de los monotributistas en este régimen.
Respecto a los convenios colectivos por empresa, el espacio no los rechaza de plano, pero establece un límite infranqueable: nunca podrán ofrecer condiciones inferiores a las del convenio sectorial general, y solo podrán abordar materias delegadas, temas no regulados o cuestiones específicas de la firma.
Completan la propuesta una serie de medidas para mejorar la salud, seguridad y prevención de accidentes laborales, tomando como base normativas ya vigentes en provincias como Buenos Aires y Santa Fe. Este paquete de ideas comenzará a esbozarse públicamente durante el debate por la llamada «modernización laboral» que impulsa la Casa Rosada, ya rechazada de antemano por las principales centrales obreras.
Más allá del enfrentamiento legislativo que se avecina, la movida peronista representa un esfuerzo por construir una identidad propositiva. Busca mostrar no solo una oposición crítica al oficialismo, sino también la capacidad de ofrecer un paradigma alternativo que, según su visión, enfrente con mayores herramientas los desafíos que imponen la tecnología y los nuevos modelos de empleo.
