En una jornada de fuerte tensión social y político, la Legislatura provincial dio luz verde al proyecto impulsado por el gobernador Cornejo, aliado de Milei. La histórica marcha que unió la cordillera con la capital y los reclamos de científicos y universidades no lograron frenar la reactivación de la minería de cobre. Denuncias por represión, un estudio ambiental cuestionado y el fantasma de la contaminación del agua marcan el inicio del conflicto.
Una marea humana, surgida desde la inmensidad de la cordillera, llegó este martes a las puertas del Senado mendocino con un clamor unitario: la defensa del agua pura. La movilización, que había cubierto más de un centenar de kilómetros desde Uspallata, se fusionó con columnas provenientes de San Rafael, el Valle de Uco y Lavalle en un último y desesperado intento por bloquear la ley de promoción de la minería metalífera que impulsa el gobernador radical Alfredo Cornejo. Sin embargo, el descontento social y la imponente protesta no alcanzaron para repetir la hazaña de hace catorce años. El cuerpo legislativo, con 29 votos afirmativos, seis negativos y una abstención, convirtió en norma un proyecto que reactivará la explotación de cobre a través del Proyecto San Jorge.
Daniel Funes, referente provincial de la lucha en defensa del agua, no pudo ocultar su desolación. “Es impresionante ver que nuestras democracias están tan enfermas”, declaró, lanzando una crítica directa al sistema representativo. Para el activista, existe un absurdo democrático de fondo: “los legisladores del pueblo, que deberían representar la voluntad de la gente, abiertamente se declaran funcionarios del Estado provincial. Defienden los intereses del gobierno, es gravísimo”. Su contraparte oficialista, la ministra de Energía Jimena Latorre, intentó bajar los decibeles de la polémica, asegurando que lo sancionado “no representa un cheque en blanco” para la empresa, cuyo proceso demandará un consumo altísimo del recurso hídrico.
La jornada legislativa se enmarca en un clima de creciente confrontación. El gobierno de Cornejo, alineado con las medidas libertarias del presidente Javier Milei, ha sido un promotor de la flexibilización de las normas ambientales, llegando a solicitar la eliminación de la Ley de Glaciares, un tema que ahora el Ejecutivo nacional incluyó en el temario de sesiones extraordinarias. La tensión ya se había manifestado con episodios de represión. En octubre pasado, la policía provincial detuvo a dos manifestantes durante 50 horas sin formular cargos, y filmaciones exhibidas por este diario mostraron a un agente propinando un rodillazo en el rostro a una persona ya reducida.
“El gobierno ha desplegado toda una estrategia de comunicación de estigmatización, de persecución judicial… obteniendo, según ellos, la licencia social ante el silencio de la gente para poder avanzar”, denunció Funes. Sin embargo, la marcha de este martes demostró que el silencio está lejos de instalarse. Para el referente, ver a tanta gente movilizarse tras años de gobiernos que reprimieron la protesta generó una alegría paradójica. “Alegría de darnos cuenta de que el agua suprime esta polarización terrible y dañina. Para Mendoza es raro lograr estas cosas, sólo el agua lo ha hecho”, reflexionó, exhausto tras horas de caminata y casi sin dormir.
El pilar sobre el que se sostuvo la votación fue un Estudio de Impacto Ambiental que, lejos de unificar criterios, desató un aluvión de críticas técnicas. “Han recibido objeciones del Conicet, de la Universidad Nacional de Cuyo, de muchísimas instituciones, inclusive religiosas”, explicó Funes. “Se aprobó la autorización reconociendo que no están todos los elementos para hacer una buena evaluación”. La casa de estudios cuyana alertó específicamente sobre el uso de productos altamente tóxicos que, liberados a la atmósfera por el viento o el agua, podrían envenenar los cauces de los ríos.
Funes también apuntó contra las promesas laborales de la empresa, que habla de cinco mil puestos de trabajo. “Los estudios demuestran que sólo serían 1200 durante la etapa de construcción, y de allí en adelante sólo 500. La gente cree que todo el mundo va a trabajar en minería”, señaló. Las autoridades mendocinas suelen argumentar que no hay explotación metalífera en la provincia, pero el activista recuerda el ominoso precedente de Sierra Pintada, un yacimiento de uranio cerrado con “pasivos ambientales gravísimos”, cuya reactivación fue prohibida por la Corte Suprema.
“Mendoza tiene una tristísima experiencia de cómo los yacimientos metalíferos destruyen todo”, sentenció Funes. “Un solo proyecto minero pone en riesgo el agua de 1.400.000 personas. Hacer visible la triste realidad de una Mendoza gobernada como una estancia de 1900 puede ayudarnos muchísimo”. La ley está sancionada, pero la batalla por el agua, el recurso que logró unir a una provincia marcada por las grietas, acaba de entrar en una nueva y decisiva fase.
