La iniciativa, enviada al Congreso, busca modificar la norma vigente desde 2010. El Ejecutivo afirma que propone «reglas claras» basadas en criterios científicos y prioriza el rol de las provincias en la gestión de sus recursos naturales.
El Gobierno nacional envió este lunes al Congreso un proyecto para reformar la Ley de Glaciares, en una decisión oficialmente confirmada por la Oficina del Presidente a través de un comunicado difundido en la red social X. La propuesta, según detalló el Ejecutivo, tiene como objetivo principal reordenar el marco normativo actual, eliminar lo que calificó como «interpretaciones arbitrarias» y establecer un sistema de federalismo ambiental ajustado a los mandatos constitucionales.
En el texto remitido a los legisladores, la administración de Javier Milei destacó que la ley sancionada en 2010 generó, a su criterio, «graves falencias interpretativas» que derivaron en inseguridad jurídica y frenaron inversiones productivas en sectores estratégicos, especialmente en la actividad minera. Según el Gobierno, la normativa actual «paralizó el legítimo ejercicio de las competencias provinciales sobre los recursos naturales» y afectó el desarrollo de proyectos considerados clave para la economía argentina.
La iniciativa presentada propone delimitar con precisión la protección de glaciares en función de su real función hídrica, al mismo tiempo que busca fortalecer los estándares ambientales y reducir márgenes de discrecionalidad que, según el oficialismo, han sido utilizados en ocasiones con fundamentos ideológicos. El proyecto se fundamenta en los artículos 41 y 124 de la Constitución Nacional, que consagran el derecho a un ambiente sano sin impedir el progreso humano y reconocen a las provincias el dominio originario sobre sus recursos naturales.
El llamado a modificar la ley se produce luego de más de una década de vigencia de la norma, período en el cual diversos actores del sector minero manifestaron críticas respecto a su falta de precisión técnica y su efecto inhibitorio sobre las inversiones, sobre todo en proyectos cupríferos localizados en la región andina. Cabe recordar que la Argentina alberga cuatro de los doce mayores emprendimientos de cobre greenfield a nivel mundial, con una inversión potencial estimada en torno a los 30.000 millones de dólares. Sin embargo, la ambigüedad en los criterios de protección ambiental ha mantenido a varias de estas iniciativas en un estado de incertidumbre.
En los últimos meses, el presidente Milei había adelantado en múltiples oportunidades su intención de reformular la legislación glaciar, enfatizando la necesidad de que sean las provincias las que definan qué territorios integran el ambiente periglacial. En un reciente encuentro con empresarios, el mandatario señaló que la propuesta contó con el impulso del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, con el fin de que cada jurisdicción pueda determinar sus límites y aprovechar «las riquezas naturales que nos han sido ofrecidas».
El Ejecutivo también argumentó que la reforma responde a demandas planteadas en el seno de la Mesa del Litio —integrada por Catamarca, Jujuy y Salta— y de la Mesa del Cobre —conformada por Mendoza y San Juan—, así como a compromisos asumidos en el llamado «Pacto de Mayo», un documento orientado a promover un desarrollo federal y sostenible.
Desde el ámbito técnico y empresarial, ya se han expresado apoyos a la necesidad de contar con un marco normativo más claro y consensuado. Javier Robeto, country manager de Aldebaran Resources en Argentina, afirmó que la ley actual impacta no solo en la minería, sino en cualquier actividad desarrollada en regiones cordilleranas, y subrayó la urgencia de definir con base científica «qué debe protegerse» de manera estricta.
Por su parte, la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) propuso otorgar mayores facultades a los gobiernos provinciales para determinar en qué áreas puede avanzarse con actividades extractivas. Esta posición encuentra un antecedente en un fallo de la Corte Suprema de Justicia de 2019, que instó entonces a la Nación y a las provincias a alcanzar un «acuerdo federal» que armonice la protección ambiental con el derecho provincial a gestionar los recursos del subsuelo.
El debate se traslada ahora al Poder Legislativo, donde el Gobierno espera que el tratamiento del proyecto sea ágil, a fin de generar un clima de certidumbre que permita atraer inversiones y aprovechar lo que denomina «el potencial económico de los recursos naturales» dentro de un esquema de preservación ambiental definido con criterios técnicos y federales.
