En respuesta al proyecto de “modernización laboral” del Gobierno, referentes del justicialismo elaboraron un documento con medidas que promueven la recomposición salarial, la reducción de la jornada y derechos para trabajadores de plataformas. El texto busca marcar una contrapropuesta en el debate parlamentario.
El peronismo no solo manifestó su rechazo al proyecto oficial denominado de “modernización laboral”, sino que delineó una iniciativa alternativa para, según afirman, enfrentar “los verdaderos problemas del mundo del trabajo en la Argentina”. El documento, al que tuvo acceso este diario, fue elaborado por un conjunto de abogados especializados en derecho laboral, exministros de la cartera de Trabajo y dirigentes sindicales, quienes articularon una serie de propuestas estructuradas en ocho ejes centrales.
Los encuentros para su confección se desarrollaron en la sede nacional del Partido Justicialista, ubicada en la calle Matheu. Durante esas reuniones, los participantes retomaron iniciativas que ya circulaban en distintos ámbitos o habían sido presentadas con anterioridad, sintetizándolas en un texto que servirá como base para la posición del espacio en el actual debate legislativo. Si bien no se trata de un proyecto de ley formal —dado que en sesiones extraordinarias solo pueden tratarse los temas convocados por el Poder Ejecutivo—, no se descarta que estos puntos integren un dictamen de minoría durante el tratamiento en comisión que comenzará esta semana en el Senado.
Desde el espacio opositor, califican la iniciativa oficial como “una reforma pro patronal que solo agravará la situación”, elaborada, en su visión, por “abogados empresarios”. Advierten que su eventual aprobación tendría efectos regresivos, entre ellos “la perforación de los pisos salariales y de condiciones de trabajo”, ya debilitados. Además, sostienen que el texto oficial llevaría a que el Estado financie costos de despidos, restrinja la acción gremial, imponga límites a las negociaciones paritarias, legitime el fraude laboral, consolide la precariedad en los empleos por plataformas y afecte derechos individuales como el disfrute vacacional.
El documento peronista plantea, en primer término, una “política de recomposición salarial” que incluya la recuperación del valor real del Salario Mínimo, Vital y Móvil, el pago íntegro en dinero de las remuneraciones y la garantía de paritarias libres, sin topes ni restricciones.
Un segundo eje propone la reducción progresiva de la jornada laboral, con el objetivo de conciliar la vida personal, familiar y profesional. La meta inmediata sería establecer un máximo de siete horas diarias y cuarenta y dos semanales, avanzando gradualmente hacia una jornada de seis horas. Sus impulsores argumentan que esta medida mejoraría la calidad de vida al disminuir riesgos de estrés, enfermedades cardíacas y otros padecimientos crónicos, al tiempo que beneficiaría a los empleadores con una reducción de la siniestralidad, menor rotación y ausentismo.
El tercer punto aborda la situación de los trabajadores de plataformas digitales. Se exige la creación de un ámbito de negociación colectiva que fije un salario mínimo, protección social, licencias y resguardo ante despidos. También se reclama transparencia en los algoritmos utilizados para asignar tareas, evaluar desempeños y aplicar sanciones, así como la obligación de que las plataformas brinden atención humana para resolver conflictos, aseguren elementos de seguridad, otorguen cobertura ante accidentes y reconozcan el derecho a vacaciones y a la afiliación sindical.
En cuarto lugar, se postula la participación de los trabajadores en las ganancias empresariales, con un reparto anual de utilidades, exceptuando a las micro, pequeñas y medianas empresas.
La “desconexión digital” constituye el quinto eje, proponiendo que las comunicaciones laborales fuera del horario de trabajo sean compensadas económica y temporalmente.
Como sexta medida, se plantean licencias parentales igualitarias y de cuidado: 120 días para maternidad y adopción, y 90 para paternidad, extendiendo estos beneficios a monotributistas y autónomos mediante el sistema de seguridad social.
El séptimo apartado propone una articulación entre convenios colectivos de trabajo, permitiendo que los acuerdos a nivel empresa puedan regular materias delegadas, no tratadas en convenios mayores, aspectos organizativos internos o condiciones más favorables para los empleados.
Finalmente, el octavo punto se refiere a salud y seguridad laboral, promoviendo la creación de comités mixtos paritarios entre representantes de trabajadores y empleadores para abordar la prevención de riesgos, medio ambiente y condiciones sanitarias en el trabajo.
La propuesta peronista aspira a instalar una visión alternativa en la discusión sobre el futuro del marco laboral argentino, enfatizando la recuperación de derechos y la protección de los trabajadores frente a lo que consideran un avance del sector empresarial.
