En un extenso documento, la entidad madre del fútbol argentino respondió a la serie de denuncias judiciales impulsadas por el gobierno nacional. Alertó sobre el riesgo de una intervención estatal que podría comprometer la participación argentina en competencias internacionales y acusó una estrategia para imponer las Sociedades Anónimas Deportivas y desarticular el modelo asociativo.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) alzó su voz en un contundente comunicado para enfrentar lo que considera una “feroz ofensiva” por parte del gobierno de Javier Milei, que esta semana escaló con una denuncia presentada por la senadora Patricia Bullrich ante el Comité de Ética de la Conmebol. En medio de un clima político cargado de acusaciones y desinformación, la entidad que preside Claudio Tapia se desmarcó de cualquier alineación partidaria y reafirmó su misión central: trabajar para el crecimiento del fútbol nacional.
El texto, de una extensión considerable, responde a una seguidilla de acciones legales y declaraciones públicas provenientes de distintas figuras oficialistas. La AFA señaló que Bullrich, sin ser dirigente del ámbito futbolístico ni representar a ningún club, replicó en la Conmebol una serie de presentaciones judiciales del gobierno que, hasta el momento, no han merecido resoluciones condenatorias ni siquiera indagatorias en contra de sus directivos. Expertos en derecho deportivo anticipan que el organismo sudamericano probablemente declare su falta de competencia, ya que las denuncias no abordan cuestiones estrictamente futbolísticas ni de alcance internacional, y remita el caso a la propia AFA.
Tras esta maniobra, se vislumbra un conflicto de mayores dimensiones. La ofensiva gubernamental, que se intensificó durante el último mes, estaría vinculada a un objetivo de fondo: imponer la transformación de los clubes en Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). Este modelo, según advierte la AFA, abriría la puerta a la irrupción de capitales extranjeros –árabes, rusos y estadounidenses– en instituciones que son un ejemplo global de inclusión social, al ofrecer deporte y contención a millones de personas de todas las edades. A este factor se sumaría la ambición de ciertos grupos mediáticos por los derechos de televisión y un ánimo revanchista relacionado con el escándalo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), cuyos audios filtrados comprometieron al entorno del presidente Milei.
El documento de la AFA hace hincapié en el historial de persecución sufrido por distintos gobiernos, detallando que sus dirigentes fueron sobreseídos en dieciséis causas judiciales. Sin embargo, subraya que la virulencia actual alcanza un nivel inédito, al punto de poner en peligro la afiliación internacional. La FIFA posee estatutos que prevén la desafiliación de aquellas entidades que sufran intervención de los Estados o sus poderes judiciales, lo que conllevaría la exclusión de la selección argentina de la Copa del Mundo y de toda competencia oficial.
En paralelo, la AFA cuestiona el timing de esta campaña, al vincularla con una delicada situación nacional marcada por la pérdida de decenas de miles de puestos de trabajo y el cierre de numerosas empresas. “En ese dramático contexto de país, ponen el foco en cuestiones que nada tienen que ver con la realidad que atravesamos los argentinos”, afirma el texto, sugiriendo una maniobra distractiva. Además, la entidad es clara respecto a los derechos televisivos, especialmente los de los torneos de ascenso cuyo contrato está por finalizar: “No les vamos a dar los derechos”.
La ofensiva económica no queda fuera del análisis. La AFA denuncia un intento oficial por “ahogar” financieramente a los clubes mediante el aumento de las alícuotas del decreto 1212, un régimen especial de retenciones. Aunque la justicia concedió un amparo frente a esta medida, el gobierno insistió con la suba, en lo que se interpreta como una presión para debilitar a las instituciones y hacerlas más susceptibles a la llegada de capitales externos.
Un capítulo aparte lo ocupa el vínculo que la senadora Bullrich intentó establecer entre el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y el espionaje ruso, a partir de su supuesta vinculación con la plataforma de streaming “Carnaval”, que difundió los audios del caso ANDIS. Esta insinuación, presentada como una denuncia formal en septiembre, no ha encontrado eco en la investigación judicial principal del escándalo.
El comunicado concluye reafirmando la solvencia institucional de la AFA, destacando que se ha convertido en una entidad superavitaria que no recibe aportes estatales y que transfiere íntegramente los recursos por derechos televisivos a los clubes. Frente a lo que califica como una “orden” de lanzar todas las denuncias posibles, la AFA planta bandera en defensa del modelo asociativo y comunitario del fútbol argentino, alertando que lo que está en juego trasciende lo deportivo para adentrarse en una pulseada por el control de un espacio social invaluable.
