En un documento contundente, profesores de la Facultad de Derecho denuncian que el proyecto oficial desprotege a los trabajadores, cercena derechos sindicales históricos y transfiere recursos de la seguridad social a las empresas, en un contexto de fuerte destrucción de puestos formales.
Un grupo destacado de profesores de Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires ha alzado su voz en un firme comunicado para repudiar la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo y actualmente en debate parlamentario. Los docentes calificaron la iniciativa como un «evidente retroceso en materia de derecho social», señalando que su esencia y finalidad radican en la desprotección sistemática de las personas que trabajan.
El texto académico arremete contra lo que considera la supresión del principio de justicia social como eje interpretativo de la ley, tildando al proyecto en su conjunto de «absolutamente regresivo». La crítica se extiende con severidad al ámbito del derecho colectivo, donde, según los especialistas, se promueve «la quita de garantías para el ejercicio de la representación sindical», reprimiendo acciones legítimas de la actividad gremial.
Uno de los puntos más alarmantes, según el análisis, es la limitación drástica del derecho de huelga. Los profesores advierten que el proyecto cercena este derecho prácticamente hasta su desconocimiento, al fijar restricciones extensivas para la acción colectiva en una lista amplia de servicios que abarcan la casi totalidad de las actividades productivas. El texto legal estipula que bloqueos o tomas de establecimientos serán consideradas infracciones muy graves, sin derecho al devengo de salarios, al tiempo que expande significativamente el número de actividades catalogadas como esenciales, obligándolas a mantener altos porcentajes de operación durante los conflictos.
El comunicado también rechaza las nuevas reglas para la vida sindical interna, que establecen que las asambleas convocadas dentro de los lugares de trabajo requerirán autorización previa del empleador en cuanto a horario, duración y lugar, y durante las cuales los trabajadores no percibirán sus salarios.
En otro segmento contundente, los académicos desmontan lo que llaman la «falacia» de que esta reforma generará empleo. Subrayan que la actividad económica se encuentra en declive, un factor clave que explica la pérdida de más de 250 mil empleos registrados desde diciembre de 2023 y el paralelo aumento de trabajos precarizados bajo la figura del monotributo. «Al no haber actividad económica que estimule la contratación para producir más, no importa qué tanto se flexibilice. No tiene sentido contratar», argumentan. Concluyen que la reforma no facilitará la creación de nuevos puestos, sino que abaratará los costos de los despidos y reducirá las condiciones de quienes permanezcan empleados.
Finalmente, el documento condena la «inadmisible transferencia de recursos de la Seguridad Social a favor de los empleadores». Este señalamiento apunta al mecanismo propuesto para financiar las indemnizaciones, mediante una contribución mensual obligatoria del 3% sobre las remuneraciones, a cambio de lo cual los empleadores adherentes obtendrían una reducción de tres puntos en sus aportes patronales. Para los firmantes, esto consolida un trasvase de fondos del sistema de protección social hacia las empresas, profundizando el carácter regresivo de una normativa que, en su visión, erosiona décadas de conquistas laborales.
