Mientras el oficialismo impulsa en el Congreso cambios profundos en las leyes laborales y recorta derechos en educación y discapacidad, una ofensiva contra el fútbol argentino genera sospechas de una maniobra distractiva. La intimación de la IGJ a la dirigencia futbolística reaviva el debate sobre la opacidad financiera del deporte, pero también sobre el timing político de la medida.
En el marco de una semana crucial para la agenda legislativa, el Gobierno Nacional ha redoblado su pulseada contra la Asociación del Fútbol Argentino. El Ministerio de Justicia dispuso que la Inspección General de Justicia intime a la AFA y a la Superliga para que rindan cuentas sobre su situación financiera. Esta decisión llega en simultáneo con el tratamiento parlamentario de la reforma laboral y los intentos por derogar normas clave de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad, lo cual ha encendido las alarmas sobre una posible estrategia de distracción.
Desde el inicio de su gestión, la administración de Javier Milei ha desplegado una táctica recurrente: concentrar su discurso en sectores con imagen pública debilitada, mezclar debates y erosionar causas nobles que esos actores representan, para finalmente impulsar una agenda que beneficia a intereses privados. El fútbol no ha sido la excepción. Aunque el proyecto de implantar Sociedades Anónimas Deportivas encontró resistencia, las irregularidades en el manejo de los torneos locales y ciertas decisiones polémicas dentro de la propia dirigencia futbolística abrieron una grieta que el oficialismo no dudó en explotar.
El detonante concreto fue la polémica entrega arbitraria de un título a Rosario Central y el posterior “pasillo” que los jugadores de su clásico rival se vieron obligados a realizar. Este episodio, percibido como un error no forzado de la cúpula del fútbol, le brindó al Gobierno una oportunidad inmejorable. La opacidad en el manejo económico de la AFA, liderada por Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, se transformó así en el centro de un espectáculo mediático que desplazó momentáneamente el foco de discusiones más sensibles, como la pérdida de derechos laborales para millones de trabajadores.
La jugada no tomó por sorpresa a todos. El periodista Luis Majul había anticipado en su programa del domingo pasado que esta semana se verían “más allanamientos, más autos, más imágenes”, y precisó que la IGJ exigiría los balances de la AFA e incluso se plantearía la figura de un veedor para supervisar sus cuentas, evitando una intervención directa que pudiera afectar al seleccionado nacional. La predicción se cumplió al pie de la letra, confirmando el carácter orquestado de la medida.
El escenario se complejiza a menos de un año del próximo Mundial. La búsqueda de transparencia en la AFA choca con un problema de competencia: la entidad cambió su sede legal a la Provincia de Buenos Aires, lo que probablemente derive en una judicialización del conflicto. Además, resulta llamativo que la IGJ haya realizado esta intimación después de siete años sin requerimientos, justo en el momento en que se debate el futuro económico de los argentinos.
Las jugadas preparadas, tanto en el fútbol como en la política, suelen seguir un guion previsible. En este caso, el centro al área mediática llegó en el instante preciso, desviando la atención mientras se define una reforma que podría alterar la vida de millones de ciudadanos, los mismos que cada fin de semana llenan de pasión las canchas argentinas.
