Tras una maratónica sesión y una desesperada negociación con gobernadores, el oficialismo logró la media sanción con 132 votos. El texto consolida el ajuste, deroga fondos clave y proyecta cifras económicas consideradas irreales. La oposición denunció un «trueque» de votos por transferencias y advierte sobre la inconstitucionalidad de artículos que eliminan leyes previamente sancionadas por el Congreso.
En un clima de extrema tensión y al filo del plazo reglamentario, el gobierno nacional consiguió este miércoles la media sanción de su primera ley de presupuesto, tras dos años de administrar los fondos públicos con amplias facultades discrecionales. La aprobación en la Cámara de Diputados, obtenida con 132 votos afirmativos, 97 negativos y 19 abstenciones, no llegó sin un alto costo político y una agónica pulseada parlamentaria que recalentó el debate legislativo.
El corazón de la controversia latió en la intempestiva derogación, inserta en el articulado, de la Ley de Financiamiento Universitario y de la emergencia en discapacidad, dos normas que el Congreso había sancionado, el Presidente había vetado y el Parlamento había insistido posteriormente. Esta maniobra, destinada a blindar el superávit fiscal, funcionó como un catalizador del malestar opositor y puso al descubierto la frágil arquitectura de la coalición gobernante.
Para asegurar los apoyos necesarios, el liderazgo de la Cámara, encarnado por Martín “Lule” Menem y Diego Santilli, se atrincheró en el recinto manteniendo una negociación permanente y urgente con jefes provinciales y bloques considerados dialoguistas. La estrategia culminó con el respaldo del PRO, la UCR, el MID y un conjunto de gobernadores, una alianza que la oposición no dudó en tildar de “colaboracionista”. En la recta final, el Ejecutivo activó la chequera, girando más de 66 mil millones de pesos en Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para “aceitar” la frágil mayoría.
Minutos antes de la votación, el oficialismo introdujo una enmienda significativa en el capítulo 11, incorporando un guiño al PRO con fondos de coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires y mayor financiamiento para el Poder Judicial, intentando así blindar las polémicas derogaciones. “No hay que camuflarse más para perjudicar a las personas con discapacidad, a la comunidad universitaria”, advirtió el diputado de Unión por la Patria, Germán Martínez, quien denunció la maniobra. Sin embargo, su reclamo no fue suficiente para evitar la aprobación del capítulo, aunque sí logró que la Cámara rechazara posteriormente ese artículo específico.
El texto que obtuvo media sanción y que ahora deberá ser tratado en el Senado, consolida un esquema de austen severo. No contempla partidas para recomponer los ingresos de los jubilados, no prevé la reactivación de la obra pública ni incorpora instrumentos para dinamizar la actividad económica. En cambio, profundiza el ajuste sobre áreas sensibles del Estado. Según un análisis del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), se basa en proyecciones macroeconómicas “fuertemente desfasadas”, como un crecimiento del 5%, una inflación anual del 10.1% y un tipo de cambio de 1.423 pesos para fines de 2026.
El debate se inició con una chispa de conflicto por el mecanismo de votación. El oficialismo impuso la modalidad por capítulos, un recurso similar al usado en la Ley Bases, lo que fue criticado por la oposición como una forma de diluir responsabilidades. “El que vote por derogar las leyes de discapacidad y de universidades que dé la cara”, reclamó la diputada de izquierda Miriam Bregman.
Desde la oposición se argumentó que la inclusión de derogaciones en una ley de presupuesto vulnera el artículo 20 de la Ley de Administración Financiera, que prohíbe modificar o anular normas vigentes a través de esta herramienta. Los diputados Maximiliano Ferraro y Eduardo Valdés calificaron el artículo como un “cachivache jurídico” y adelantaron acciones judiciales por considerarlo inconstitucional.
La sesión, que comenzó pasadas las dos de la tarde, también puso en consideración otros dos proyectos emblemáticos para el gobierno: la llamada Ley de Responsabilidad Fiscal –que establece nulidad y hasta penas de prisión para leyes que no cumplan con la regla fiscal– y el blanqueo de capitales, rebautizado “inocencia fiscal”. Ambas iniciativas responden a demandas del Fondo Monetario Internacional y buscan, respectivamente, amarrar las cuentas públicas y atraer dólares en un contexto de marcada escasez.
Aunque la negociación con los gobernadores fue intensa, algunos discursos encendieron alarmas en Balcarce 50. Diputados de provincias como Catamarca y Salta expresaron su descontento por la eliminación de fondos universitarios y de emergencias, señalando que se intentaba “meter por la ventana lo que el Congreso ya resolvió”.
El trueque político fue denunciado en el recinto con crudeza. El diputado Pablo Juliano, de la fuerza Provincias Unidas, mostró un reloj de arena y acusó al gobierno de jugar “a la casta más rancia” al repartir miles de millones en ATN a cambio de votos, mientras “extorsiona” a provincias productivas con las cuentas ordenadas.
El presupuesto en trámite introduce otras modificaciones profundas: elimina la indexación automática de la Asignación Universal por Hijo y las asignaciones familiares, deroga la meta de inversión del 6% del PBI en educación, desfinancia escuelas técnicas y vacía fondos para ciencia y defensa. Además, restringe y delega en el Ejecutivo el régimen de beneficios para las llamadas “zonas frías”.
Con la media sanción en mano, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, buscará ahora la aprobación definitiva en el Senado, donde el oficialismo espera sellar el próximo viernes 26 no solo esta “Ley de Leyes”, sino también la reforma laboral, en una semana decisiva para la agenda económica del gobierno.
