El proyecto oficial amenaza con un recorte del 30% a los hospitales universitarios de la UBA, pone en riesgo la atención de más de 700 mil pacientes y podría hacer inviable el ciclo lectivo del año próximo, en medio de un desfinanciamiento histórico y una ofensiva política contra el sistema científico-educativo nacional.
La Universidad de Buenos Aires (UBA) se enfrenta a una asfixia financiera sin precedentes. El presupuesto nacional para 2026, impulsado por el Gobierno de Javier Milei y actualmente en debate parlamentario, proyecta una reducción del treinta por ciento para el próximo año en los fondos destinados a sus hospitales universitarios, instituciones vitales del entramado sanitario público. Este drástico ajuste amenaza directamente la continuidad de la atención en centros médicos de referencia como el Hospital de Clínicas, el Instituto de Oncología Ángel H. Roffo y el Instituto de Investigaciones Médicas Dr. Alfredo Lanari, que en conjunto atienden anualmente a una población que supera las setecientas mil personas.
El Consejo Superior de la UBA, su máximo órgano de gobierno, manifestó una “extrema preocupación” ante esta propuesta, la cual además deroga la Ley de Financiamiento Universitario. La alarma es compartida por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de Universidades Nacionales, quienes advirtieron de manera conjunta que, de concretarse estas cifras, resultará “imposible” el desarrollo normal de las actividades académicas y asistenciales en el próximo ciclo.
La gravedad del momento fue subrayada por Claudia Negri, vicedecana de la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA, quien señaló que, en un contexto de crisis económica donde miles de personas pierden sus coberturas de salud privadas, el rol del sistema público se intensifica. “Una parte central de esa atención recae en los hospitales universitarios de la UBA”, explicó, remarcando que el recorte se aplica sobre un escenario presupuestario que ya era crítico en 2025.
La advertencia no se limita al ámbito de la salud. Desde la máxima casa de estudios señalaron que el aumento nominal propuesto es notoriamente insuficiente incluso para cubrir los gastos básicos de funcionamiento, un problema que se agrava con una “persistente pérdida salarial proyectada”. Esta combinación, según el comunicado oficial, “profundiza el ahogo presupuestario ya declarado y pone en riesgo la calidad educativa, la formación profesional y el sostenimiento de servicios esenciales de salud”.
En la Facultad de Ciencias Exactas, su decano, Guillermo Durán, planteó un panorama aún más desolador para el próximo año académico. “Veo muy difícil que haya primer cuatrimestre en 2026”, afirmó, detallando que, para equiparar lo establecido por la derogada ley de financiamiento, el presupuesto debería incrementarse en un cincuenta por ciento. Durán desmontó el argumento de la restricción fiscal con ejemplos contundentes: “La Ley de Financiamiento implicaba 1.700 millones de dólares más para 2026. El Gobierno le regaló 1.500 millones a un puñado de empresas agroexportadoras en 48 horas”. Y concluyó: “Es mentira que no hay plata, es una decisión no invertir. Hay una definición política e ideológica para terminar con la universidad pública y la ciencia”.
Esta ofensiva contra el sistema universitario se enmarca en un deterioro constante iniciado en diciembre de 2023. Los sindicatos del sector estiman que el poder adquisitivo de los docentes se ha desplomado aproximadamente un cuarenta y cinco por ciento, lo que habría provocado el éxodo de alrededor de diez mil profesores e investigadores de las universidades nacionales en dos años. Para Pablo Perazzi, secretario general de la Federación de Docentes de las Universidades (Feduba), el objetivo tras el ajuste numérico es netamente político. “Atacan al espíritu contestatario de las universidades públicas”, afirmó, vinculando esta estrategia con un escenario global de embate contra el conocimiento crítico y con el proyecto de una economía “reprimarizada” que, según su visión, no requiere de profesionales formados en disciplinas como la antropología o la biotecnología.
Ante este cuadro de emergencia, el Consejo Superior de la UBA hizo un llamado formal a las cámaras de Diputados y Senadores para que rechacen o modifiquen sustancialmente el presupuesto oficialista y aprueben una propuesta que contemple las necesidades reales de las universidades nacionales. La comunidad académica y científica aguarda con preocupación el desenlace de una pulseada que definirá no solo el futuro de la educación superior, sino también la capacidad de respuesta de un pilar fundamental de la salud pública argentina.
