Un análisis especializado del CEPA expone graves inconsistencias metodológicas en indicadores clave del INDEC, que distorsionarían la percepción de la realidad económica y social. Las acusaciones apuntan a una adaptación de los datos que favorecería la narrativa oficial, opacando crisis como la recesión, la pobreza y la inflación.
La confianza en las estadísticas públicas atraviesa un período de severo escrutinio. Un exhaustivo informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) ha colocado bajo la lupa la metodología empleada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), señalando una inquietante divergencia entre las mediciones oficiales y la experiencia cotidiana de la ciudadanía. La investigación advierte que reiteradas modificaciones en los criterios de cálculo estarían moldeando los datos para alinearlos con el discurso gubernamental, un procedimiento que no solo erosiona la credibilidad de la institución y obstaculiza las comparaciones históricas, sino que además minimiza problemáticas sociales de extrema gravedad.
Uno de los núcleos de la controversia reside en la medición de los ingresos laborales. El reporte revela que, según las cifras del organismo oficial, el salario del empleo no registrado habría experimentado un inusitado aumento real acumulado del 27,2% entre diciembre de 2023 y mayo de 2025. Este crecimiento, que exhibe un desfase pronunciado respecto al de los asalariados formales, se explica, según el análisis, por cambios metodológicos en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que mejoraron la captación de ingresos asistenciales, como la Tarjeta Alimentar o las pensiones no contributivas. El problema fundamental, subraya el CEPA, es la falta de transparencia del INDEC sobre cómo esta alteración metodológica afecta la comparabilidad de la serie a lo largo del tiempo, distorsionando también las estimaciones de pobreza y la coherencia con otros indicadores salariales.
En paralelo, la medición de la inflación through el Índice de Precios al Consumidor (IPC) es objeto de críticas por emplear una estructura de ponderadores desactualizada que no reflejaría los patrones de consumo vigentes. El estudio sostiene que esta canasta subestima el peso real de rubros que han sufrido alzas exorbitantes, como las tarifas de servicios públicos, los alquileres y los combustibles. De acuerdo con las estimaciones del centro de estudios, de haberse utilizado ponderadores actualizados, la inflación acumulada entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 hubiera alcanzado un 288,2%, superando en casi 40 puntos porcentuales el 249,5% oficial, una discrepancia cuya magnitud ha sido advertida incluso por organismos internacionales.
Esta subestimación de componentes clave se traslada directamente al cálculo de la pobreza. La investigación explica que la Canasta Básica Total (CBT) se construye sobre una relación entre gastos alimentarios y no alimentarios que minimiza el impacto actual de los servicios y el transporte. En un contexto de fuertes incrementos tarifarios, esta fórmula genera una canasta de valor artificialmente bajo. A esto se suma, nuevamente, el efecto de los cambios en la EPH que captan mejor los ingresos no laborales en los sectores más vulnerables. La conjunción de ambos factores —una canasta desactualizada y una medición de ingresos metodológicamente inconsistente— compromete la fiabilidad y la comparabilidad histórica de la tasa de pobreza.
En el plano de la actividad económica, las sospechas se centran en el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE). El informe de CEPA destaca que en la publicación de septiembre de 2025 se aplicaron revisiones de una magnitud extraordinaria a los datos previos, alterando la trayectoria del indicador hasta seis meses hacia atrás. Estas correcciones, sumadas a una incidencia desproporcionada del rubro “Intermediación Financiera” —casi el único que mostró crecimiento—, habrían evitado que el índice reflejara una recesión técnica, en contraste con la marcada contracción de sectores como la industria y la construcción. Diversos analistas coinciden en que estas manipulaciones estadísticas no solo eludieron el título de “recesión”, sino que además generaron un arrastre estadístico positivo para el año siguiente.
La polémica se extiende también a las estadísticas turísticas. Frente a los resultados persistentemente negativos de la balanza turística, el INDEC anunció modificaciones en la Encuesta de Turismo Internacional y la Encuesta de Ocupación Hotelera. Mientras el instituto argumenta que busca ajustarse a estándares internacionales, el informe del CEPA vincula esta decisión con una realidad sectorial crítica: según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, desde el cambio de gobierno se habrían perdido alrededor de 450 empresas hoteleras y más de 7.200 puestos de trabajo registrados en el sector.
En conjunto, el análisis del CEPA pinta un cuadro preocupante donde la instrumentalización de las estadísticas oficiales opaca diagnósticos cruciales para la formulación de políticas públicas, levantando un velo de duda sobre la verdadera dimensión de la crisis económica y social.
