En medio de una investigación por la cartelización del servicio de alimentación en la cárcel de Ezeiza, el juez federal Federico Villena ordenó un procedimiento que destapó la resistencia del titular del organismo, Fernando Julián Martínez, quien habría intentado ocultar su teléfono celular ante la justicia. La pesquisa ya confirmó la presencia de bacterias peligrosas en la comida servida a los internos.
La Justicia federal con asiento en Lomas de Zamora llevó a cabo durante las últimas horas un intenso allanamiento en las oficinas del director del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Fernando Julián Martínez. El funcionario se encuentra bajo la lupa de los investigadores por supuestas conexiones irregulares con compañías proveedoras que habrían suministrado productos alimenticios en estado de descomposición para los reclusos alojados en el complejo carcelario de Ezeiza.
La medida, dictaminada por el magistrado Federico Villena, se produjo luego de que el juez acumulara indicios que sugerían que la cúpula del servicio penitenciario habría permitido una verdadera “cartelización” del sistema de provisión de comida en aquella unidad. Según las sospechas judiciales, se utilizaron empresas pantalla para burlar prohibiciones y sanciones anteriores, manteniendo así un esquema opaco de adjudicaciones.
El operativo no transcurrió sin conflictos. De acuerdo con voceros allegados a la causa, se vivió un momento de elevada tensión cuando Martínez pretendió eludir el embargo de su teléfono móvil personal. Inicialmente, el director entregó a los agentes un dispositivo antiguo e inoperativo. Ante la requisa específica del equipo que utiliza cotidianamente, alegó haberlo “perdido” esa misma jornada matutina. No obstante, un peritaje técnico posterior arrojó un dato revelador: la última señal del celular desaparecido se registró en una antena ubicada en el barrio de Barracas apenas sesenta minutos antes del allanamiento. Este hallazgo fortalece la hipótesis del juez Villena de que Martínez pudo haber recibido un aviso previo y destruido el aparato para evitar que se incorporaran pruebas comprometedoras al expediente.
La investigación judicial se inició a raíz de reiteradas quejas sobre la calidad nociva de los alimentos distribuidos en el penal de Ezeiza. Análisis realizados por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) corroboraron graves irregularidades, al detectar en las muestras bacterias como la Escherichia coli en concentraciones inadmisibles para el consumo humano. Tras impedirle a la firma Foodrush continuar con sus servicios, el juez descubrió que la nueva empresa contratada, Bio Limp, operaba con los mismos vehículos, personal e incluso facturaba elevados montos a la compañía anteriormente sancionada, lo que configuraría una fachada para perpetuar el negocio.
La gravedad del caso llegó a tal punto que el propio Villena probó personalmente la comida servida en la prisión, experiencia que derivó en una descompensación de su salud con síntomas que describió como un malestar “vomitivo”.
Fernando Julián Martínez había asumido el cargo al frente del SPF en marzo del presente año, designado por la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Bajo su conducción, el organismo transitó su pase desde la órbita del Ministerio de Justicia a la de Seguridad a fines de 2023. Un elemento que despertó el interés de los investigadores es que el funcionario se trasladaba en una camioneta que estaba registrada a nombre de Enrique “Quique” Antequera, uno de los referentes históricos de la feria La Salada que actualmente se encuentra fugado de la justicia. Este vínculo, ahora bajo escrutinio, añade otro capítulo de opacidad a una gestión ya seriamente cuestionada.
