A dos años de gestión, las casas de estudio enfrentan el recorte más severo. Con una ley que garantiza fondos pero un presupuesto que los niega, y una cautelar judicial en medio, el ciclo lectivo 2026 pende de un hilo. Docentes y estudiantes advierten que sin cumplir la norma, las aulas podrían no abrir.
Las universidades nacionales atraviesan una encrucijada crítica. Tras dos años de sostenida presión presupuestaria y de una retórica oficial que las ha descalificado, lograron preservar, a fuerza de movilización y apoyo social, su lugar simbólico como pilares de la vida democrática. Sin embargo, el horizonte se oscurece hacia 2026 con la sanción de un presupuesto nacional que consolida el ajuste y desata alertas sobre su autonomía y funcionamiento.
El Senado convirtió en ley este viernes la partida para el próximo año, la cual implica una merma real de 7,2 por ciento respecto a 2025 y un desplome del 34 por ciento en comparación con lo ejecutado en 2023. La brecha es elocuente: el sector reclamaba 7,2 billones de pesos para operar, pero la asignación final será de apenas 4,8 billones. Más grave aún, la normativa otorga a la Secretaría de Educación la facultad discrecional de administrar y hasta congelar esos recursos, un mecanismo que, según los reclamos unánimes, vulnera la autonomía institucional al someterla al arbitrio político del momento.
Esta ofensiva fiscal ocurre paradójicamente bajo la vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario, una norma que el propio Congreso defendió en múltiples instancias y cuyo veto presidencial fue rechazado. El académico Guillermo Durán, decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, subraya esta contradicción: “El gobierno nacional debe implementarla ya”. Según su análisis, la aplicación de la ley implicaría un reajuste nominal del 50 por ciento para cubrir salarios y gastos operativos, ajuste que el presupuesto sancionado ignora por completo.
Una luz de esperanza se encendió días atrás desde el Poder Judicial. El juez federal Martín Cormick hizo lugar a una medida cautelar que obliga al Estado a cumplir con los artículos de la ley referidos a la actualización salarial docente y no docente, y al monto de las becas estudiantiles. No obstante, el optimismo es cauteloso. Oscar Alpa, titular del Consejo Interuniversitario Nacional, anticipa que el efecto de la medida se diluirá entre las festividades de fin de año y la feria judicial, posponiendo cualquier definición tangible hasta febrero. “Si el Gobierno no cumple la ley y no hay mejora en salarios, funcionamiento y becas, va a estar muy difícil el comienzo de año”, advierte con crudeza.
El clima en las comunidades universitarias es de máxima tensión. Los sindicatos han elevado el tono de sus advertencias: sin un giro sustancial en la política de fondos, el ciclo lectivo 2026 podría no iniciar. Clara Chevalier, de la Federación Nacional de Docentes Universitarios, responsabiliza al gobierno nacional por poner en riesgo el año académico de más de dos millones de estudiantes. “Con un recorte que ya se acerca al 50 por ciento, con docentes que no llegamos a cubrir lo básico, no podemos esperar otra cosa que un 2026 conflictivo”, afirma, remarcando que lo que está en juego es la existencia misma de la educación pública universitaria.
Sin embargo, la estrategia de resistencia genera debates internos. Algunos, como Jorge Aliaga de la Universidad de Hurlingham, cuestionan la efectividad de la medida de fuerza, señalando que la suspensión de clases no genera la misma presión social que en otros niveles educativos y podría incluso resultar funcional a un gobierno que busca deslegitimar el sistema. “La herramienta más útil es que el Gobierno sienta que esta es una causa que le genera un costo político porque la sociedad valora a las universidades”, argumenta, destacando que, pese a la campaña de desprestigio, la ciudadanía continúa confiando en estas instituciones.
En un gesto interpretado como simbólico e insuficiente, el Ejecutivo anunció a vísperas de Navidad una ampliación de fondos de 53 mil millones de pesos para gastos salariales. La comunidad académica recibió la noticia con escepticismo. El propio Aliaga desmitifica el monto: “Esto es apenas un puchito, un refuerzo que no resuelve ni por asomo la diferencia salarial”. La magnitud del déficit, explica, se mide en billones, una escala de recursos que el presupuesto oficialista se niega a contemplar.
Así, el país se encamina hacia un año electoral con el sistema universitario público al borde del colapso operativo. La pulseada tiene varios frentes: el legislativo, que aprobó una ley y un presupuesto incompatibles; el judicial, que ordenó cumplir la norma; y el político, donde el gobierno insiste en su meta de ajuste. En el medio, una comunidad educativa que, tras dos años de resistencia, se prepara para el conflicto más duro, con el convencimiento de que lo que defiende es el futuro del país.
