El Gobierno transformó la Andis en una secretaría dependiente de Salud, eliminando su autonomía y reduciendo drásticamente su estructura, en un contexto de causas judiciales por coimas y ajustes presupuestarios que afectan a las personas con discapacidad.
En un movimiento de alto impacto simbólico y funcional, el Poder Ejecutivo decidió extinguir la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) como organismo autárquico, convirtiéndola en una simple dirección dentro del Ministerio de Salud. La determinación, anunciada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el último día hábil del año, llega en un momento crítico: mientras avanza en los tribunales federales una investigación por presuntas coimas en la compra de medicamentos, con funcionarios imputados, la administración optó por desarticular la estructura estatal dedicada a las políticas del sector.
La medida implica una pérdida radical de autonomía y transversalidad para el organismo, un principio fundamental que Argentina se comprometió a respetar al otorgar jerarquía constitucional a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU en 2008. Según el comunicado oficial, las funciones serán severamente recortadas y la estructura jerárquica se reducirá en un 45,7%, consolidando un proceso de vaciamiento que ya incluyó cientos de despidos.
Este paso se enmarca en un año marcado por el brutal ajuste a instituciones de salud y educación, y por el proyectado recorte de casi doscientas mil pensiones, una meta establecida en el presupuesto y en los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Para justificar la decisión, Adorni alegó la necesidad de eliminar “capas burocráticas” y “manejos incompatibles” dentro de la agencia, aunque omitió toda referencia a la causa judicial que investiga los sobornos pagados por empresarios farmacéuticos a funcionarios de su propio gobierno.
La noticia generó alarma entre las organizaciones de la sociedad civil, que ven en esta reestructuración un retroceso hacia un modelo médico obsoleto, que concibe la discapacidad como una enfermedad. “La discapacidad no es una patología. Peleamos muchos años contra ese enfoque que nos reduce a personas enfermas. Esto es una regresión en materia de derechos”, afirmó Ana Dones, de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI).
La preocupación se extiende también a la posible desarticulación de espacios de participación ciudadana, como el Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas, una mesa paritaria clave para definir los valores de los servicios, que lleva más de un año sin ser convocada por el Ejecutivo. Asimismo, la medida contradice fallos judiciales vigentes que ordenaron al Gobierno aplicar plenamente la Ley de Emergencia en Discapacidad y revertir los recortes en las pensiones.
El anuncio oficial cometió incluso un error histórico al afirmar que la agencia fue creada en 2017, cuando en realidad sus orígenes se remontan a 1987, durante la presidencia de Raúl Alfonsín. Con este paso, la Andis sigue el camino de otras instituciones desmanteladas por la actual gestión, como los ex ministerios de Mujeres y de Desarrollo Social, consolidando un organigrama estatal donde las políticas específicas y transversales pierden rango y protagonismo frente a una lógica de reducción presupuestaria y concentración de funciones.
Organizaciones de derechos humanos y especializadas en discapacidad ya evalúan acciones legales para impugnar el decreto una vez que sea publicado en el Boletín Oficial, argumentando su incompatibilidad con los compromisos internacionales asumidos por el país. El desmantelamiento de la agencia, lejos de aislar al Gobierno de los escándalos de corrupción, profundiza la crisis en un área sensible y expone una visión que, según las voces críticas, busca invisibilizar a un colectivo históricamente postergado.
