Mediante un decreto, el Ejecutivo nacional actualizó las remuneraciones de ministros y secretarios, congeladas desde fines de 2023. El sindicato estatal ATE denunció que el incremento ronda el 90% y lo calificó de «obscenidad». La normativa excluye al Presidente y la Vicepresidenta y establece cláusulas de congelamiento ligadas al superávit fiscal.
El Poder Ejecutivo nacional concretó una esperada revisión de los haberes correspondientes a los integrantes de los niveles superiores de la administración. La herramienta fue el Decreto 931/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial, que modifica las escalas salariales para una amplia gama de cargos políticos y de conducción.
Pese a los rumores de alzas que circulaban en las últimas semanas, el texto legal no incluye cifras específicas. No obstante, desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) aseguraron que el incremento aplicado alcanza el 89,5 por ciento. El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, expresó una dura condena a la medida, afirmando que «se trata de una obscenidad frente a la crisis que está atravesando todo el pueblo argentino». En declaraciones a la prensa, Aguiar tildó a los beneficiarios de «caraduras y sinvergüenzas».
La disposición oficial deja expresamente fuera de este reajuste al presidente Javier Milei y a la vicepresidenta Victoria Villarruel. Asimismo, se especifica que los nuevos montos no tendrán efecto retroactivo, aplicándose únicamente a los sueldos futuros.
El alcance de la actualización es amplio, abarcando a los ministros, secretarios y subsecretarios del Gabinete nacional, así como a otras autoridades superiores cuyos regímenes están definidos por decretos anteriores. Entre sus aspectos más destacados, la normativa introduce una cláusula de freno automático: los salarios quedarán nuevamente congelados si la Administración Pública Nacional registra un déficit fiscal financiero acumulado. Esta condición, según argumenta el decreto, busca «reafirmar la importancia del superávit fiscal» como pilar fundamental de la política económica del Gobierno.
En sus fundamentos, la administración de Milei justificó la decisión como un paso necesario para dotar a los altos cargos del Estado de un esquema retributivo «adecuado, competitivo y coherente» con las complejas responsabilidades que ejercen. La medida, según se expone, se enmarca en un proceso de reordenamiento posterior a una etapa inicial de ajuste del gasto público.
El documento vincula directamente la posibilidad de este aumento con el «orden macroeconómico» y el superávit fiscal alcanzado por la actual gestión. La perspectiva, según el oficialismo, es avanzar hacia un Estado «eficiente y profesional», lo que implica, en su visión, dejar atrás un sistema de empleo público que describen como desarticulado y poco transparente.
En esta línea, el decreto otorga un rol protagónico a la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública para implementar un nuevo modelo basado en la evaluación por desempeño y el mérito. De esta manera, el aumento salarial se presenta no como un hecho aislado, sino como un componente de una reforma estructural más ambiciosa que pretende modificar la lógica de la carrera administrativa en el país. La decisión, sin embargo, genera un fuerte contraste en un contexto social de severas dificultades económicas para amplios sectores de la población.
