Sandra Arroyo Salgado enfrenta una investigación por presunto mal desempeño y abuso de autoridad. El caso se centra en la desproporcionada privación de libertad de militantes que protestaron frente al domicilio del diputado José Luis Espert, en un operativo marcado por irregularidades y denuncias de tratos vejatorios.
En un contexto de alta tensión política, la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura notificó a la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, acerca de la apertura formal de un expediente en su contra, impulsado por sospechas de mal desempeño y abuso de autoridad. La investigación se desprende de su controvertida intervención en el caso de un grupo de militantes peronistas que, en una manifestación de descontento, desplegaron una pancarta y arrojaron excremento en la entrada de la vivienda del entonces legislador José Luis Espert.
Las detenciones, solicitadas por Espert –quien en ese momento mantenía una lealtad pública hacia el círculo íntimo del presidente Javier Milei–, se caracterizaron por su severidad y falta de sustento probatorio. Las personas aprehendidas, entre ellas Alexia Abaigar, funcionaria del Ministerio de las Mujeres bonaerense, y Eva Mieri, concejala de Quilmes, sufrieron prolongados períodos de incomunicación y posteriormente denunciaron haber sido objeto de malos tratos durante su reclusión.
La resolución de la Comisión, adoptada en diciembre y notificada a la magistrada el día 22 de ese mes, le otorga un plazo de veinte días para ejercer su defensa. La decisión de avanzar con la pesquisa, que incluye la adopción de nuevas medidas probatorias, contó con el apoyo de consejeros de diversos sectores políticos, evidenciando una preocupación transversal sobre los hechos. La única abstención registrada fue la del abogado Alberto Maques.
La Sombra de la Dependencia y las Ambiciones Judiciales
Previo a esta decisión, la propia Arroyo Salgado había realizado declaraciones públicas que resonaron con fuerza. Afirmó que «la corrupción atraviesa los tres poderes del Estado» y que el país se encontraba en un «momento bisagra» para reconstruir una «justicia independiente». Paradójicamente, la presunta falta de independencia constituye el núcleo de la denuncia presentada en su contra por la diputada Vanesa Siley y el senador Mariano Recalde a mediados del año pasado.
En los círculos judiciales se especula que la jueza alberga aspiraciones de ocupar altos cargos, como la Defensoría General de la Nación o incluso un sitio en la Corte Suprema. Su perfil público se acrecentó cuando, en el pasado, asistió al debate presidencial entre Mauricio Macri y Daniel Scioli, invitada por el entonces ministro de Seguridad porteño Guillermo Montenegro, justificando su presencia por su vínculo familiar con el fallecido fiscal Alberto Nisman.
El Rol del Poder Ejecutivo y la Exposición Mediática
El operativo contra los activistas fue inmediatamente capitalizado como un triunfo por el gobierno nacional. La entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, compartió en sus redes sociales la noticia de la detención de Abaigar, acompañándola de comentarios despectivos. Por su parte, Espert no sólo celebró las acciones, sino que, según la denuncia, divulgó información del expediente –que se encontraba bajo secreto de sumario– mientras se le negaban datos a las personas detenidas.
Relatos de un Procedimiento Abusivo
Los testimonios de las detenidas, reconstruidos ante los consejeros, pintan un cuadro alarmante de arbitrariedades. Alexia Abaigar describió haber sido obligada a desnudarse frente a personal masculino en cada traslado. Sin embargo, el episodio que conmocionó a la Comisión ocurrió cuando, al ser sacada de una comisaría, le ordenaron cubrirse la cabeza con una capucha. Una vez en el vehículo policial, escuchó cómo una oficial recibía una llamada ordenándole repetir el procedimiento porque a la jueza «no le habían gustado las imágenes» y querían que se le viera el rostro. La conclusión fue clara: se buscaban registros para un uso mediático específico.
Eva Mieri, por su parte, estuvo trece días privada de libertad tras un operativo desmesurado en su domicilio. Relató humillaciones similares, como burlas cuando, estando menstruando y esposada, le fue imposible cargar sus pertenencias. Ambas permanecieron en un penal federal sin que se hubiera resuelto formalmente su prisión preventiva, hasta que la Cámara Federal de San Martín decretó su excarcelación.
El Fundamento de la Denuncia: Persecución Política Disfrazada de Justicia
La presentación de Siley y Recalde sostiene que la magistrada forzó su competencia y aplicó figuras penales desproporcionadas –como una variante de asociación ilícita– para actos que, en el mejor de los casos, podrían constituir una contravención. Los denunciantes argumentan que su accionar constituye un claro «amedrentamiento y disciplinamiento social» al servicio de intereses políticos gubernamentales, vulnerando la garantía de imparcialidad y configurando un «desvío de poder».
La investigación del Consejo de la Magistratura se encuentra ahora en una etapa crucial, con la jueza Arroyo Salgado obligada a defenderse de cargos que, de probarse, podrían derivar en un juicio político. El caso trasciende la situación individual de la magistrada y se instala como un examen sobre los límites del poder judicial y su relación con el poder político en tiempos de profunda polarización.
