Mediante un decreto de necesidad y urgencia, el Gobierno otorga poderes excepcionales a la SIDE, habilita detenciones sin orden judicial y permite la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de espionaje interno. La oposición y organizaciones de derechos humanos advierten sobre la creación de una «policía secreta».
En un movimiento estratégico, el presidente Javier Milei eligió el ocaso de las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un decreto de necesidad y urgencia que transforma de raíz la estructura del sistema de inteligencia argentino. La medida, firmada en los últimos momentos del año, otorga poderes ampliados y mayor opacidad a la recientemente revitalizada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), permitiendo que todas sus actividades sean catalogadas como «encubiertas».
El decreto habilita a los agentes de inteligencia a realizar aprehensiones sin orden judicial y faculta al titular del organismo, conocido como el Señor Cinco, a convocar a las Fuerzas Armadas para tareas de inteligencia interior. Estas modificaciones han generado un fuerte rechazo en espacios políticos diversos, desde el peronismo hasta la izquierda, quienes coinciden en señalar el riesgo de un retorno al espionaje político sistemático.
La directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Paula Litvachky, calificó la reforma como «muy regresiva y peligrosa», subrayando el carácter antidemocrático de imponer cambios sustanciales sin debate legislativo.
La reestructuración consolida a la SIDE como un paraguas bajo el cual se reorganizan los organismos de inteligencia. La Agencia de Seguridad Nacional desaparece para dar paso a una nueva Agencia Nacional de Contrainteligencia, mientras que las competencias en ciberseguridad serán transferidas a la órbita de la Jefatura de Gabinete. Uno de los cambios más significativos es la eliminación de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, lo que consolida el control castrense sobre la inteligencia estratégica y debilita la conducción civil en el Ministerio de Defensa.
Más allá de los cambios nominales, preocupa la sustancia de las nuevas atribuciones. El decreto establece que todas las actividades de inteligencia tendrán carácter «encubierto», un término que reemplaza al anterior concepto de «secreto» y podría ampliar los márgenes de discrecionalidad. Además, se autoriza la investigación por «fuga de información clasificada», una figura que organizaciones de derechos humanos temen sea utilizada para criminalizar el trabajo periodístico.
La posibilidad de que agentes de inteligencia detengan personas y la integración operativa con las Fuerzas Armadas marcan una ruptura con los consensos democráticos establecidos tras la última dictadura. El diputado Agustín Rossi, exinterventor de la inteligencia, advirtió que se trata de un avance hacia un «estado policial», mientras que el legislador Esteban Paulón anunció la presentación de un proyecto para derogar el decreto.
Desde la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro exigió la reactivación de la Comisión Bicameral de Fiscalización, actualmente inactiva, y denunció la creación de una suerte de «Gestapo». En la misma línea, el referente del FIT, Christian Castillo, reclamó la anulación inmediata de la norma por parte del Congreso.
El CELS ya había cuestionado judicialmente el decreto anterior que restituyó la SIDE, y evalúa nuevas acciones ante este avance. Litvachky destacó la preocupación por la falta de controles efectivos, tanto parlamentarios como judiciales, y criticó la actitud de la Corte Suprema, que se ha abstenido de pronunciarse sobre el uso extensivo de los decretos de necesidad y urgencia.
La reforma, diseñada entre sombras y promulgada en silencio, reconfigura el entramado de inteligencia con un alcance que excede lo técnico y se adentra en lo político, reavivando fantasmas del pasado en medio de un clima de creciente polarización.
