En una acción militar sin precedentes, fuerzas estadounidenses violaron la soberanía venezolana para capturar al presidente Nicolás Maduro. Lejos de los argumentos oficiales sobre narcotráfico y democracia, la medida revela una calculada reafirmación de poder, con la mirada puesta en los recursos energéticos y el control geopolítico del hemisferio.
El escenario internacional se estremeció en las últimas horas ante una intervención de una crudeza inusual. En una operación ejecutada bajo el manto de la noche, fuerzas especiales del gobierno de Estados Unidos penetraron territorio venezolano para aprehender al mandatario Nicolás Maduro y a su esposa, trasladándolos por la fuerza a un buque de guerra rumbo a Nueva York. La acción, justificada bajo los cargos de narcotráfico que pesan sobre el líder chavista, ha sido celebrada abiertamente por la administración Trump, que divulgó una imagen del presidente venezolano esposado y con los ojos vendados.
La gravedad del hecho jurídico e internacional es palmaria. Ningún análisis riguroso puede avalar la legalidad de una incursión armada clandestina de un Estado en otro, sin declaración de guerra ni autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, con el único fin de secuestrar a un jefe de Estado. Esta maniobra, que el presidente estadounidense calificó como una demostración de fuerza, evade los protocolos internacionales y constituye una flagrante violación de la soberanía nacional venezolana.
La narrativa pública esgrimida desde Washington se sustenta en dos pilares que se revelan cada vez más endebles. Por un lado, se presenta la captura como un golpe decisivo contra el narcoterrorismo, identificando a Maduro como cabecilla del llamado Cartel de los Soles. No obstante, expertos en crimen organizado señalan que esta denominación responde más a una red de militares corruptos que a una estructura cartelizada, y destacan que Venezuela no es productora de fentanilo, la sustancia en el centro de la crisis de opioides en Estados Unidos. La credibilidad de esta cruzada antinarcóticos se resquebrajó aún más tras el reciente indulto concedido por Trump al ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado precisamente por tráfico de cocaína.
El segundo pilar, el argumento democrático, también comenzó a desvanecerse apenas horas después de la operación. Si bien Washington había reconocido como legítima a la oposición agrupada en torno a María Corina Machado, el propio Trump se encargó de enfriar ese apoyo público. Desde su residencia en Florida, el mandatario republicano desestimó la capacidad de la líder opositora para generar consenso interno, dejando en suspenso cualquier transición inmediata. En un giro revelador, confesó que su administración ya mantiene diálogos con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, buscando una cooperación pragmática para estabilizar el país.
Este viraje discursivo deja al descubierto los motivos estratégicos que realmente impulsaron la intervención. Durante una extensa conferencia, Trump delineó un plan abierto para que grandes corporaciones petroleras estadounidenses tomen el control de la deteriorada infraestructura energética venezolana, prometiendo inversiones billonarias y la exportación masiva de crudo. El objetivo, según admitió, es generar ganancias, asegurando el flujo de recursos sin costo para el contribuyente norteamericano. La retórica evoca peligrosamente las promesas económicas que precedieron a la guerra de Irak, un conflicto cuyo verdadero beneficio terminó concentrado en un puñado de empresas.
La operación trasciende con creces el caso venezolano; es un mensaje contundente para toda la región. El secretario de Estado, Marco Rubio, enfatizó que Trump “es un presidente que cumple su palabra”, dirigiéndose de manera explícita a gobiernos como los de Cuba, México y Colombia. La administración ha reactivado de manera oficial la Doctrina Monroe, bajo un nuevo «Corolario Trump» que proclama la preeminencia absoluta de Estados Unidos en el hemisferio y su derecho a negar la influencia de potencias extracontinentales.
Con cruciales procesos electorales en el horizonte de Brasil y Colombia, la intervención en Venezuela establece un precedente alarmante. Demuestra que, más allá del apoyo a aliados en las urnas como Javier Milei, Estados Unidos se reserva el empleo de la fuerza militar para someter a la región y garantizar el acceso a sus riquezas estratégicas. Lo ocurrido no es solo el secuestro de un presidente; es la puesta en escena de una nueva y agresiva era de intervencionismo, donde la soberanía de los pueblos queda supeditada a los intereses económicos y de seguridad nacional definidos en Washington.
