Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista en la Cámara Alta, confirmó la disposición a negociar ajustes en el proyecto, con el objetivo de conseguir los votos necesarios para su aprobación. Una comisión técnica iniciará las tareas el 16 de enero para analizar las observaciones de los actores involucrados.
En un giro estratégico para destrabar la iniciativa, el Gobierno nacional ha asumido la determinación de entablar conversaciones con la Confederación General del Trabajo (CGT) para introducir modificaciones en el proyecto de reforma laboral que actualmente se encuentra en el Senado. La jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, admitió de manera explícita que el objetivo central es conseguir la sanción de la normativa, para lo cual se contemplan cambios, tal como ocurrió previamente con la Ley Bases.
Bullrich anticipó que, a partir del próximo 16 de enero, comenzará a operar una comisión técnica en el Senado, liderada por su asesora Josefina Tajes. Este grupo trabajará en coordinación con los bloques que han venido acompañando al oficialismo y examinará minuciosamente las observaciones formuladas tanto por la central obrera como por diversas entidades empresariales. La senadora oficialista ratificó el cronograma previsto, señalando que las reuniones con los legisladores se intensificarán a partir del 26 de enero, con la meta de lograr un dictamen que permita llevar la reforma al recinto el 10 de febrero.
La legisladora enfatizó la postura de apertura y flexibilidad del oficialismo, aunque marcando un límite claro. «Estamos escuchando a todos», afirmó Bullrich, «y aquellas propuestas que sean razonables y se alineen con el objetivo de dinamizar el mercado laboral, serán consideradas. Lo que no estamos dispuestos a aceptar es que todo permanezca igual». En este sentido, subrayó que el diálogo con los sindicatos debe basarse en la premisa del cambio y no en la preservación del statu quo, atribuyendo al actual marco normativo la responsabilidad de la destrucción del empleo registrado durante décadas.
Bullrich argumentó que la reforma busca otorgar certezas jurídicas a las empresas, particularmente en materia de litigios laborales y contingencias, como un paso indispensable para fomentar la contratación en blanco y reducir el empleo no registrado. «Si ellos quieren cuidar el empleo y promover más trabajo formal, deben ayudar a que las cosas se modifiquen», sostuvo, reiterando la disposición al diálogo bajo condiciones de transformación.
Respecto al mecanismo de negociación, la jefa de bloque aclaró que las tratativas con la CGT se canalizarán directamente en el Senado, sin la intermediación de otros funcionarios gubernamentales frecuentemente vinculados al ámbito sindical. Este enfoque, según explicó, responde a la necesidad de congregar las posiciones de los distintos sectores con representación en la Cámara. El oficialismo cuenta actualmente con un núcleo de 20 senadores, al que suman el apoyo del radicalismo, el PRO y varios bloques provinciales.
Uno de los puntos de posible fricción es el tratamiento de las cuotas sindicales, cuya limitación está prevista en el proyecto original. Consultada sobre si el Gobierno cedería en este aspecto, Bullrich priorizó el objetivo macro de la generación de empleo. Indicó que, dentro de un «acuerdo global» que aborde los nudos centrales de la reforma —como el régimen de indemnizaciones, la actualización de las modalidades laborales y la descentralización de la negociación colectiva—, las partes podrían convenir libremente sobre este tema en el marco de los convenios. No obstante, descartó aceptar reclamos aislados que no formen parte de una negociación integral.
Hasta el momento, según precisó la senadora, la CGT no ha presentado una contrapropuesta formal por escrito. No obstante, Bullrich manifestó que cualquier planteamiento concreto será recibido y debatido, siempre que no tenga como finalidad mantener la situación actual sin alteraciones. El mensaje del oficialismo es contundente: la puerta del diálogo está abierta, pero el umbral es la voluntad de transformar un sistema laboral que consideran obsoleto y perjudicial para la economía nacional.
