Un giro sustancial en la acusación federal desecha la caracterización de estructura criminal organizada y enfatiza una «cultura de corrupción» promovida desde el poder en Venezuela.
En un viraje significativo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos rectificó su postura respecto al denominado «Cártel de los Soles», despojándolo de la condición de «organización criminal real». La revisión, plasmada en una imputación modificada difundida el pasado sábado luego de la detención de Nicolás Maduro, representa una ruptura con la narrativa sostenida desde 2020, que el entonces presidente Donald Trump empleó como fundamento para desplegar operaciones militares en la región.
Hacia fines de 2025, la administración Trump había catalogado al grupo como entidad terrorista y señalado a Maduro como su máximo dirigente. No obstante, la nueva documentación judicial enfatiza que el mandatario venezolano, junto al fallecido Hugo Chávez, fungieron como «protectores de un sistema de corrupción». El texto se centra ahora en la existencia de un «sistema clientelar» y una «cultura de corrupción» generalizada en el país caribeño.
Mientras la acusación original aludía en treinta y dos oportunidades al Cártel de los Soles y presentaba a Maduro como su cabecilla, la versión actual lo menciona en sólo dos ocasiones. En estas, se sostiene que ambos gobernantes participaron, perpetuaron y resguardaron ese entramado de favores ilícitos. La Fiscalía argumenta que poderosas élites venezolanas se enriquecen mediante el narcotráfico, con ganancias que fluyen hacia funcionarios civiles, militares y de inteligencia, operando bajo un esquema piramidal denominado «Cártel de los Soles» —en referencia a la insignia de los altos mandos castrenses—.
Uno de los pasajes destacados recuerda que, hacia finales de 2015, dos familiares de Maduro concertaron el envío de cargamentos de cocaína desde el hangar presidencial en el aeropuerto de Maiquetía. En conversaciones grabadas con informantes de la DEA, los implicados aludieron a una «guerra» contra Estados Unidos, mencionaron al cartel y revelaron su intención de recaudar veinte millones de dólares para financiar campañas electorales.
Este cambio de perspectiva contrasta con la postura adoptada meses atrás por el gobierno argentino de Javier Milei, que replicó la medida de Trump e inscribió al Cártel de los Soles en el registro de entidades terroristas. Durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA convocada tras la captura de Maduro, el representante argentino reiteró su caracterización del mandatario venezolano como «líder» de la organización y respaldó la operación que derivó en su aprehensión.
La reelaboración de los cargos, publicada horas después de la detención de Maduro y su esposa, mantiene la imputación por conspiración narcotraficante, pero abandona la noción de una estructura delictiva jerarquizada. Washington también había acusado anteriormente a la cúpula del cartel de colaborar con grupos como el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa para inundar de estupefacientes el territorio norteamericano. No obstante, el lenguaje de la nueva acusación atenúa esas afirmaciones y prioriza la descripción de una red de corrupción sistémica, alejándose de la imagen de una organización criminal convencional.
