La dirigente social, internada desde fines de diciembre en un hospital platense, sostiene que la presión judicial y médica desde Jujuy se ha intensificado. Desde su arresto en 2016, denuncia un patrón persecutorio y exige investigaciones contra exfuncionarios provinciales.
La reconocida referente de la organización Tupac Amaru, Milagro Sala, atraviesa un delicado cuadro de salud que motivó su internación en el Hospital San Roque de Gonnet, en La Plata, el pasado 29 de diciembre. En paralelo a esta complicación médica, Sala ha formulado una grave denuncia pública acerca de un recrudecimiento en el hostigamiento que, según su relato, ejercen contra ella las autoridades judiciales, fiscales y sanitarias de la provincia de Jujuy, donde se originaron las causas que la mantienen privada de libertad desde hace exactamente diez años.
“La verdad es que estoy cansada de tanto apriete judicial que estoy teniendo”, manifestó la dirigente con visible desgaste, en declaraciones al programa La García. Sala atribuyó el colapso que precipitó su hospitalización a la presión sostenida. “Mi cabeza explotó y la verdad que es horrible lo que estoy viviendo”, describió al narrar cómo, tras una consulta con su médico, se decidió el traslado de urgencia en ambulancia. Hasta el momento, el diagnóstico específico de su condición se mantiene bajo reserva, tal como lo informó su abogada, Alejandra Cejas, a finales del año pasado.
La líder social hizo hincapié en que cada audiencia judicial a la que es sometida de manera virtual, a través de plataformas digitales, le genera severos padecimientos tanto físicos como emocionales. Su situación legal se inició el 16 de enero de 2016, cuando fue detenida por orden del entonces gobernador Gerardo Morales, acusada de haber impulsado una protesta mediante un acampe frente a la Casa de Gobierno jujeña. Desde 2023, cumple su condena bajo el régimen de prisión domiciliaria en su vivienda de La Plata.
Más allá de su situación personal, Sala lanzó duras acusaciones contra el poder político de su provincia natal. Afirmó con contundencia que las actuales autoridades “se están robando todo lo que le pertenece a la provincia”, y cargó especialmente contra el exmandatario Morales, a quien exigió que sea investigado. “Me duele en el alma que la justicia no actúe como tiene que actuar”, expresó con amargura, al sostener que, mientras ella es criminalizada, otros habrían realizado un saqueo sistemático de recursos estratégicos como el litio, el petróleo y la industria del cannabis.
El reclamo por la libertad de Sala mantiene una vigencia constante. En agosto del año pasado, al cumplirse 3500 días de su detención, una numerosa caravana se movilizó hasta las inmediaciones de su domicilio para expresar solidaridad. Al observar a los manifestantes, la dirigente se mostró emocionada y agradecida. “Me llena el corazón que cada uno de ustedes está en la villa, en el barrio dando un plato de comida. Vamos a recuperar todo, sobre todo las ganas de vivir”, arengó, reivindicando el poder de la movilización popular por encima de las conducciones políticas tradicionales.
El caso de Milagro Sala sigue representando un punto de alta tensión política y judicial, con una figura que, desde su encierro, se erige como símbolo de resistencia para sus seguidores y como un permanente cuestionamiento a las prácticas del sistema penal y a la administración de justicia en una de las provincias más emblemáticas del noroeste argentino. Su deterioro sanitario agrega ahora un nuevo capítulo de preocupación y controversia a un conflicto que cumple una década sin visos de resolución.
