Fuentes oficiales confirmaron que el margen fiscal limitado impide reducciones impositivas significativas en 2026. Solo se contemplan algunas modificaciones incluidas en el proyecto de reforma laboral, mientras provincias y municipios aumentan sus cargas.
El esperado alivio tributario que el sector empresarial anticipaba para el presente año finalmente no se concretará. A pesar de las promesas reiteradas del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo, respecto a que una baja generalizada de impuestos dependía de la consolidación del superávit fiscal, el equipo económico comunicó a los referentes empresariales que las arcas públicas no ofrecen el espacio necesario para una reforma agresiva. Así, las compañías deberán soportar durante todo 2026 una carga impositiva elevada en los ámbitos nacional, provincial y municipal.
No resultó casual, en este contexto, que el Poder Ejecutivo haya incorporado un capítulo impositivo dentro del proyecto de reforma laboral, el cual incluye ciertas reducciones limitadas. Según informaron voceros oficiales, esta iniciativa representa todo el alivio disponible por el momento, dado el escaso margen fiscal. Entre los cambios propuestos se destacan una disminución de impuestos internos para determinados sectores, una baja en Ganancias para sociedades, la creación de un régimen de incentivos para inversiones de medianas empresas y la constitución de un Fondo de Asistencia Laboral, financiado con una porción de las contribuciones patronales.
Sin embargo, el dictamen de mayoría en el Senado agregó una cláusula que supedita la aplicación de estas rebajas a la decisión final del ministro Caputo, quien las habilitará solo si la situación fiscal lo permite. Ante esta restricción, los dirigentes empresariales mantienen un diálogo constante con legisladores de todos los bloques políticos, y la información que reciben indica que resultará muy difícil que se aprueben las reducciones impositivas. En cambio, se concentran los esfuerzos en lograr la sanción del fondo laboral y de un esquema de blanqueo de trabajadores.
Si prospera la reforma laboral, esas serán las únicas rebajas tributarias del año. Funcionarios transmitieron a la Unión Industrial Argentina (UIA) que, de ampliarse el margen fiscal, podrían evaluarse medidas sectoriales adicionales. Mientras tanto, la entidad que preside Martín Rappallini prepara una propuesta para que las cargas patronales sean tomadas a cuenta del IVA, y planean presentar el estudio de costo fiscal al ministro a principios de febrero.
Los industriales observan con preocupación la caída de la actividad y los elevados costos que dificultan la competitividad frente a las importaciones. “Cuando arranque el año, vamos a volver a la carga con la necesidad de que se bajen impuestos o que, si no se puede, que frenen el aumento de las importaciones”, afirmó un dirigente de la UIA.
Desde la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, su presidente Mario Grinman reconoció una reducción progresiva de la carga impositiva nacional durante la gestión de Milei, pero advirtió que este camino debe profundizarse sin comprometer el equilibrio presupuestario. Grinman hizo especial hincapié en el riesgo que supone el escenario subnacional, donde provincias y municipios han aplicado aumentos de tasas e impuestos que pueden neutralizar los esfuerzos fiscales de la Nación.
Para el campo, la competitividad también está ligada a la presión tributaria. Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, sostuvo que los gobiernos de todos los niveles deben trabajar en la baja de impuestos y reiteró el reclamo por la eliminación de los derechos de exportación, considerados uno de los gravámenes más distorsivos.
La cautela también se refleja en otros sectores. Gustavo Weiss, titular de la Cámara de la Construcción, señaló que es difícil que el Gobierno continúe reduciendo impuestos sin afectar el superávit fiscal y subrayó que el grueso de la reforma tributaria depende de las provincias, que deben realizar sus propios ajustes. “Se espera una reforma laboral relativamente light y una reforma tributaria limitada en el corto plazo”, resumió.
Expertos en la materia coinciden en la complejidad del escenario. Andrés Edelstein explicó que el Ejecutivo mantiene la facultad de reducir impuestos nacionales distorsivos, pero solo si las cuentas lo permiten. A su vez, destacó que los tributos provinciales y municipales representan un desafío mayor, con alícuotas elevadas y nuevas creaciones que complican el panorama. Por su parte, Nadin Argañaraz, del Iaraf, aportó datos contundentes: financiar leyes sociales ya sancionadas reduce significativamente el margen fiscal, dejando poco espacio para recortes tributarios significativos o incrementos de gasto.
En definitiva, la prometida reforma tributaria integral queda postergada, y el alivio para los contribuyentes se limitará, en el mejor de los casos, a medidas acotadas dentro de una reforma laboral que aún debe sortrar el debate parlamentario.
