Tras el colapso de la mesa paritaria, el gremio de la UTA mantiene un estado de alerta y no descarta medidas de fuerza. Las empresas apuntan a la demora en los subsidios estatales y exigen una urgente revisión tarifaria para evitar la quiebra del servicio.
Un clima de alta tensión y desencuentro marca nuevamente el horizonte del transporte urbano de pasajeros a lo largo del país. Este martes, las esperanzas de alcanzar un consenso se disiparon tras el abrupto fracaso de la reunión paritaria entre la Unión Tranviaria Automotor (UTA) y las cámaras empresarias del sector, reavivando el riesgo inminente de un paro nacional que afectaría a millones de usuarios.
El núcleo del conflicto reside en una profunda disputa financiera entre las compañías transportistas y el Estado. Los representantes empresariales de las principales cámaras —entre ellas, la AAETA y la CETUBA— advirtieron que el sector sufre un «estrangulamiento económico» crítico, atribuido a la congelación de las tarifas y a los retrasos crónicos en el desembolso de los subsidios oficiales. Según sus estimaciones, alrededor del 40% de las empresas se encuentran al borde de la insolvencia, una situación que, aseguran, les impide afrontar aumentos salariales sustanciales.
En este contexto de extrema presión, la oferta presentada por los empleadores —un mínimo incremento del 1% en los haberes— fue categóricamente rechazada por la dirigencia sindical que conduce Roberto Fernández. El líder gremial calificó la propuesta como una «burla inadmisible» y dejó en claro que los trabajadores no están dispuestos a convertirse en «rehenes» de una puja que, a su juicio, debe resolverse entre las empresas y la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Capital Humano.
Desde el gremio hicieron hincapié en la necesidad de proteger el poder adquisitivo de los choferes y auxiliares, cuyo salario de convenio ronda actualmente el millón trescientos setenta mil pesos, complementado con diversas asignaciones. “Bajo ningún concepto permitiremos que se naturalice la precarización o el incumplimiento en los pagos”, manifestaron con firmeza en un comunicado oficial.
Como resultado del abrupto cierre de las negociaciones, las partes acordaron una nueva audiencia virtual para el martes 20 de marzo, en la cual el sindicato exige la presencia protagónica del secretario de Trabajo, Julio Cordero, para destrabar el diálogo. Hasta entonces, la UTA mantendrá un estado de alerta y movilización permanente, sin descartar la convocatoria a una medida de fuerza si no se producen avances significativos.
Mientras tanto, la incertidumbre se instala en el sistema. Adrián Noriega, portavoz de una de las cámaras empresarias, resumió con crudeza el dilema: “Si las jurisdicciones no incrementan los subsidios, directamente no existen los recursos para responder a las legítimas demandas de los trabajadores”. La frase sintetiza un conflicto que, una vez más, trasciende la simple discusión salarial y expone la frágil sustentabilidad económica de un servicio público esencial.
