Organismos de derechos humanos y ONGs preparan denuncias ante la ONU y la CIDH, advirtiendo sobre un sistema de vigilancia masiva y el resurgir de prácticas antidemocráticas. El decreto que reinstauró la SIDE y otorgó poderes excepcionales es cuestionado en múltiples frentes.
La polémica reforma al sistema de inteligencia impulsada por el gobierno de Javier Milei a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) traspasará las fronteras nacionales para someterse al escrutinio de organismos internacionales. En un movimiento coordinado, numerosas organizaciones de la sociedad civil ultiman presentaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y diversos relatoríos de las Naciones Unidas (ONU). El núcleo de la denuncia radica en la acusación de que el Estado argentino, mediante el DNU 941/2025, ha implementado un plan de vigilancia masiva que socava la protección de garantías fundamentales y reactiva peligrosos fantasmas del pasado.
Firmado el 31 de diciembre, en un contexto de escaso debate público, el decreto no solo ha generado un intenso rechazo en sectores políticos y judiciales locales, sino que ha unificado a más de una veintena de organizaciones no gubernamentales bajo una crítica férrea. Colectivos de la talla de Amnistía Internacional, el CELS, Poder Ciudadano y Greenpeace, entre otros, han calificado la norma de «manifiestamente inconstitucional», interpretándola como una señal de alarma dirigida especialmente a defensores de derechos, comunidades y la democracia misma.
La ofensiva contra el decreto es multifacética. Mientras en el ámbito judicial ya se han interpuesto recursos de amparo colectivos, en el Parlamento se exige la activación de mecanismos para su rechazo y, crucialmente, la puesta en funcionamiento de la Comisión Bicameral de Fiscalización (CBI) para controlar a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). «La respuesta no debe ser solamente judicial. Los reclamos sociales deben tener una respuesta política», argumenta Diego Morales, director de Litigio del CELS, subrayando la necesidad de un contrapeso legislativo.
Sin embargo, es el escenario internacional el que promete amplificar el conflicto. Los cuestionamientos llegarán a desk de diversos relatores especializados de la ONU y la CIDH, muchos de los cuales ya han expresado preocupación por los retrocesos en materia de derechos humanos observados en Argentina. Este contexto internacional recuerda las advertencias hechas en 2019 por un experto de la ONU, quien, tras las filtraciones de escuchas ilegales, señaló la insuficiencia de los controles existentes y recomendó la creación de un órgano independiente y técnico, algo que el decreto actual desoye por completo.
Las críticas de fondo apuntan al debilitamiento sistemático de los controles democráticos. Según analizan las organizaciones, el decreto habilita una recolección masiva de datos personales desde más de quince organismos públicos hacia la SIDE, sin prever una supervisión ciudadana efectiva. Además, al otorgar a los agentes de inteligencia facultades para detener personas —una atribución inédita en democracia— se corre el riesgo de transformar al organismo en una suerte de policía secreta. Asimismo, se objeta la posibilidad de involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de inteligencia sobre «organizaciones no estatales», una puerta abierta a su participación en seguridad interior, y la ampliación de la noción de contrainteligencia, que podría rehabilitar la peligrosa conceptualización de un «enemigo interno».
«Nos preocupa el debilitamiento de los controles democráticos que produce el decreto, al ampliar al máximo el secreto, volver aún más opaco el sistema y elevar el umbral de sospecha sobre el cual pasamos a quedar todas las personas y organizaciones», advierte Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina.
Mientras el Gobierno defiende la norma como una modernización administrativa necesaria y promete enviar una reforma legislativa más profunda, la justicia local evalúa si los riesgos planteados son de tal gravedad que requieren tratamiento urgente, incluso en receso. Lo cierto es que la sombra del DNU 941/2025 ya se proyecta más allá de las fronteras, configurando un test crucial para los límites del poder estatal y la vigencia de los derechos humanos en la Argentina.
